Fiscalía investiga al ministro de Vivienda por presunta corrupción durante su alcaldía en Bucaramanga

Judicial & Legal

COLOMBIA, 16 de septiembre de 2026. La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

La pesquisa se centra en el supuesto robo de postes metálicos, luminarias y otros elementos retirados en el proceso de modernización del sistema de alumbrado público en la ciudad. Según denuncias presentadas en agosto de 2024, dichos materiales fueron valorados inicialmente por la Contraloría General en más de 23.400 millones de pesos, cifra que algunas fuentes elevan hasta los 40.000 millones de pesos.

La investigación sostiene que los bienes habrían sido sustraídos de los depósitos municipales y vendidos a una chatarrería, donde, presuntamente, fueron fundidos para fabricar otros productos. Esta situación generó una denuncia penal que inicialmente fue asumida por la Fiscalía Seccional de Santander, pero ante la calidad de funcionario público investigado, el caso fue remitido a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema.

Este proceso representa un avance importante en las pesquisas sobre presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos durante el manejo de recursos y bienes del Estado. Hasta el momento, Jaime Andrés Beltrán —quien actualmente ejerce como ministro de Vivienda— no ha emitido pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones y a la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía.

La investigación judicial se suma a otras revisiones y controles realizados por organismos de fiscalización sobre la gestión pública en Bucaramanga, en especial sobre la administración de activos y contratos relacionados con la modernización urbana.

El proceso continúa en etapa preliminar bajo competencia de la Corte Suprema de Justicia debido a la investidura del funcionario investigado, por lo que su desarrollo tendrá implicaciones directas en el ámbito legal y político para el Ministerio de Vivienda y el gobierno nacional.

Este caso se encuentra en curso y se espera que la Fiscalía adelante las actuaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.

Redacción BusinessCol

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