COLOMBIA, 17 de septiembre de 2026. El Gobierno Nacional expidió un conjunto de decretos legislativos dirigidos a garantizar la continuidad del derecho a la educación en las zonas afectadas por el terremoto ocurrido hace un mes en el país. Estas medidas buscan asegurar que niños, niñas y jóvenes no interrumpan su formación académica a pesar del impacto en la infraestructura educativa.
El presidente Abelardo De La Espriella destacó que la prioridad del Gobierno es que ningún estudiante deje de estudiar como consecuencia del desastre natural. Para ello, se autoriza de manera temporal la prestación del servicio educativo en espacios alternativos que sean adecuados y seguros, mientras se adelantan los procesos de recuperación y reconstrucción de las sedes oficiales afectadas.
Entre los principales decretos expedidos, el Decreto 1386 del 9 de septiembre de 2026 habilita el desarrollo de actividades académicas en sedes o espacios físicos alternativos, así como modalidades remotas para flexibilizar la prestación del servicio. Por su parte, el Decreto 1388 faculta la reorganización y flexibilización temporal del calendario académico en las Entidades Territoriales Certificadas localizadas en las zonas impactadas por el terremoto.
Además, el Decreto 1387 establece medidas de alivio administrativo y financiero temporales para las entidades territoriales certificadas en educación que se encuentren en los municipios afectados, buscando garantizar que dispongan de los recursos necesarios para su operación diaria durante la emergencia.
El Ministerio de Educación anunció que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades locales y las secretarías de educación para asegurar la adecuada aplicación de estas normativas, con el fin de proteger integralmente a la comunidad educativa del país durante esta coyuntura.
En su mensaje, el presidente enfatizó el compromiso del Gobierno con la reactivación educativa y la resiliencia territorial, señalando que esta situación debe ser aprovechada como una oportunidad para fortalecer el sistema educativo y la infraestructura en los departamentos afectados.
Estas acciones forman parte de un plan más amplio del Gobierno Nacional que, además, incluye la colaboración con empresas y fundaciones para atender las necesidades que persisten tras el sismo del 10 de agosto de 2026, en beneficio de la comunidad educativa y del desarrollo regional.