COLOMBIA, 22 de septiembre de 2026. A mes y medio del terremoto que afectó varias regiones del país, persiste la incertidumbre sobre los recursos presupuestales que el gobierno nacional destinará para la reconstrucción de las zonas más impactadas.
El presidente Abelardo de la Espriella (ADLE) aún no ha especificado la cuantía que será asignada en el nuevo presupuesto nacional para enfrentar los daños ocasionados por el sismo. Aunque se ha comentado parcialmente que los recursos podrían enfocarse inicialmente en reparar la Basílica de Buga, uno de los templos afectados, esta atención generó cuestionamientos, entre otras razones, porque existen numerosas iglesias, sinagogas y lugares de culto cuyos daños no han sido abordados oficialmente y cuyos administradores apelan a la gestión de recursos para sus reparaciones.
En contraste, las escuelas públicas, cuyos maestros y estudiantes permanecen en sus hogares debido a las afectaciones, continúan a la expectativa de una intervención estatal. En Pereira, por ejemplo, el alcalde ha impulsado ayuda puntual, como tanques de agua para taxistas y domiciliarios, e incentivos económicos para vendedores ambulantes y comerciantes, además de la entrega de techos para viviendas afectadas y la exención en pagos de servicios públicos. Sin embargo, estas medidas han sido calificadas como temporales y complementarias frente a una necesidad de mayor articulación y recursos integrales.
El abandono oficial se evidencia también en la ausencia de funcionarios de alto nivel en los albergues donde se concentran los damnificados, lo que ha generado desánimo en estas comunidades, que temen tener que reconstruir sus hogares sin apoyo gubernamental significativo. La gestión pública ha recibido críticas por anuncios mediáticos relacionados con ayudas por parte de la primera dama y familiares del presidente, quienes han promovido la recaudación de donativos, lo que ha generado malestar y cuestionamientos en la opinión pública tanto sobre la legalidad como sobre la eficacia de estos procesos.
El columnista Lisandro Duque Naranjo, en una columna publicada en El Espectador, señala que el gobierno de De la Espriella ha mostrado una actitud dispersa frente a la magnitud del desastre, atribuyendo el sismo a un supuesto castigo divino sin que se observe un plan claro para enfrentar las consecuencias sociales y económicas del terremoto. Además, critica una percepción de improvisación y falta de liderazgo en el manejo de la crisis, en contraste con respuestas más activas a nivel local como las del alcalde de Pereira.
En la actualidad, las ciudades más afectadas muestran daños significativos en infraestructura, cuya recuperación demanda esfuerzos coordinados y financiación adecuada. Sin embargo, el panorama presupuestal sigue siendo difuso y la población damnificada enfrenta una espera prolongada por soluciones duraderas.
En su análisis, Duque Naranjo también advierte sobre la necesidad de una administración transparente de las ayudas recolectadas para evitar la proliferación de intermediarios y oportunismos que puedan entorpecer la verdadera asistencia a las víctimas.
El gobierno nacional ha sido llamado a presentar un plan integral y detallado que incluya el aporte de los recursos necesarios para la recuperación de las zonas afectadas, garantizando eficacia, transparencia y apoyo directo a las comunidades. Mientras tanto, las acciones locales, aunque valiosas, resultan insuficientes frente a la magnitud de la tragedia.
Este contexto mantiene en alerta la opinión pública y los sectores políticos, que demandan mayor claridad y compromiso estatal para atender las necesidades surgidas a partir del terremoto.
Redacción BusinessCol
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