COLOMBIA, 24 de septiembre de 2026. La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó sus inquietudes acerca de la seguridad y el orden público en regiones como el Magdalena y el Cauca, haciendo especial énfasis en la simbología que transmite la Presidencia de la República. En entrevista con Noticias Caracol, Marín cuestionó la presencia del presidente Abelardo de la Espriella portando un arma corta en su cinturón durante sus recorridos por el territorio nacional.
La funcionaria señaló que el porte visible de armas no solo altera la percepción constitucional sobre el rol presidencial, sino que además proyecta una imagen no adecuada del jefe de Estado, al presentarse como un combatiente en medio de una confrontación bélica. Según Marín, esta situación genera una simbología alrededor de lo bélico y la muerte, contraria al papel del presidente como garante de la vida, la Constitución y la protección de la población.
“El tema de que esté armado pues también lo muestra como un combatiente, no como un jefe de Estado… como si estuviera en medio de una guerra y él fuera parte de los combatientes y no fuera el jefe de Estado que refleja y que es la imagen de la vida, de la prevalencia de la vida, de la Constitución, de la protección de la población”, afirmó la defensora.
El análisis de Marín se realizó en el marco de una evaluación a la situación de seguridad en Santa Marta y el departamento del Magdalena, donde persistieron recientes acciones de seguridad tras el levantamiento de un paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachenca. La defensora advirtió que la militarización de estas zonas, si bien es efectiva en el corto plazo para la tranquilidad comercial, no representa una solución estructural al control de estos grupos ilegales.
Marín explicó que la presencia de los Pachenca continúa siendo hegemonía permanente, y que la extorsión y la exacción —modalidad de cobro periódico de un porcentaje fijo de las rentas comerciales a establecimientos— mantienen una fuerte presión sobre comerciantes y residentes, incluso con la actual intervención militar y traslados de delincuentes desde centros penitenciarios.
La Defensoría del Pueblo recordó que desde diciembre de 2025 está vigente una Alerta Temprana que incluye 21 municipios en Magdalena, La Guajira y Cesar, regiones en las que se prevén posibles represalias del grupo armado para mantener el control y demostrar su poder con amenazas a la población civil, incluyendo anuncios de nuevos paros armados en municipios como Aguachica (Cesar).
Respecto a la expansión territorial, Marín señaló que esta estructura mantiene disputas con el Clan del Golfo en La Guajira y busca consolidarse hacia zonas del Cesar, por lo cual instó al Estado a adoptar medidas integrales. Entre ellas resaltó acelerar las obras de desarrollo territorial, fortalecer los programas de prevención del reclutamiento de jóvenes, combatir la violencia sexual contra mujeres indígenas y garantizar la protección comunitaria.
La defensora insistió en que la figura presidencial debe ubicarse por encima de las confrontaciones armadas directas y representar la institucionalidad garante de los derechos ciudadanos, distancia que a su juicio se debilita con la exhibición de simbolismos bélicos desde la Presidencia.
Esta declaración se suma al llamado previo de la Defensoría al Gobierno para evitar el uso de un lenguaje agresivo o bélico en la comunicación oficial, que podría impactar en la percepción y el clima político y social en regiones con presencia insurgente o criminal.
Redacción ColombiaPrensa
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