COLOMBIA, 1 de octubre de 2026. El Consejo de Estado confirmó que la demanda electoral contra la elección de Miguel Ángel Rubio Bravo como representante a la Cámara de Representantes por el departamento del Putumayo sigue en curso, manteniendo vivo el proceso judicial que cuestiona la validez de dicho mandato para el periodo 2026-2030.
La demanda fue interpuesta por José Mauricio Rivera Estrada, quien plantea posibles irregularidades vinculadas con la consulta interna del Pacto Histórico y la conformación de la coalición “Pacto Verde Putumayo”, aspectos relacionados con el procedimiento y elección de Rubio Bravo.
La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que el expediente cuenta con suficientes elementos de prueba, entre ellos el formulario E-26 fechado el 15 de marzo de 2026, que constituye el documento central para el control de legalidad de la elección. Además, se valoró la copia del formulario E-28 incorporada al proceso, la cual no fue declarada falsa y puede ser tomada en cuenta como evidencia.
En su decisión más reciente, el Consejo de Estado aclaró que no ha declarado ni la legalidad ni la ilegalidad de la elección de Rubio Bravo, sino que resolvió un recurso en torno a la práctica de pruebas y ordenó que el trámite del expediente continúe desarrollándose conforme a lo previsto en el proceso judicial.
Este pronunciamiento implica que la investigación y el análisis jurídico sobre la demanda electoral continúan en curso, sin que hasta la fecha se haya emitido un fallo definitivo que invalide o confirme la elección del representante a la Cámara.
La decisión tiene relevancia en el contexto político y jurídico del Putumayo, donde se mantiene la atención a este caso que involucra a importantes actores de la coalición Pacto Histórico y al representante electo Miguel Ángel Rubio Bravo, sobre quien pesa la dificultad jurídica planteada en la demanda.
Este desarrollo ha sido reportado por el portal local miputumayo.com.co, que ha hecho seguimiento al proceso judicial desde su inicio y confirma con esta decisión que la controversia electoral sigue activa ante las instancias de la justicia administrativa.
Redacción ColombiaPrensa
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