COLOMBIA, 1 de octubre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este jueves sobre el contenido y objetivos del proyecto de decreto que busca reglamentar el protocolo de actuación durante las manifestaciones públicas en Colombia. Este borrador, que estará abierto a comentarios hasta el próximo 4 de octubre antes de su aplicación, tiene como finalidad asegurar el derecho a la protesta pacífica mientras establece límites claros para actuar contra actos violentos y delictivos.
El ministro destacó que la propuesta normativa no pretende restringir la movilización ciudadana, sino lograr un equilibrio entre los derechos de quienes ejercen el derecho a la protesta y la protección de quienes no participan en estos actos. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, señaló Lara, resaltando que el proceso para construir el decreto ha cumplido con las consultas requeridas por la normatividad vigente.
Un punto fundamental del decreto es la diferenciación entre las movilizaciones como manifestaciones legítimas y pacíficas, y la comisión de delitos o acciones vandálicas. La iniciativa mantiene la presunción del carácter pacífico de una marcha, pero establece la intervención focalizada en situaciones como agresiones a ciudadanos o servidores públicos, uso de explosivos, incendios, ataques a infraestructuras críticas y bloqueos a vehículos de emergencia o ambulancias.
El ministro enfatizó que “el trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí.” Agregó que el diálogo con los marchantes pacíficos continuará abierto, mientras se actúa de manera firme contra quienes cometan agresiones o actos que alteren el orden público.
Aspectos clave del decreto
Entre las disposiciones destacadas en el proyecto:
– Diálogo ininterrumpido: la mediación institucional con quienes marchan de forma pacífica se mantendrá durante toda la jornada, incluso cuando se presenten focos aislados de violencia que requieran intervención.
– Causales objetivas para agotar la mediación: el diálogo podrá darse por culminado ante hechos como bloqueos a la misión médica, desabastecimiento de insumos esenciales o agresiones directas a la prensa y funcionarios públicos.
– Intervención individualizada: frente a agresiones claras, la fuerza pública puede actuar directamente contra los responsables sin necesidad de dispersar o disolver la movilización completa.
– Corredores solidarios y transparencia: las autoridades territoriales deben garantizar el paso de ambulancias y servicios básicos, además de presentar un balance público sobre afectaciones y rutas de atención en un plazo de 72 horas luego de las manifestaciones.
Equilibrio entre derechos y seguridad
El decreto propuesto establece el principio de “protección simultánea”: mientras se mantiene el diálogo y la mediación con quienes participan pacíficamente en las protestas, las autoridades pueden aplicar acciones focalizadas contra quienes cometen violencias o delitos en el sitio. Esto responde a una necesidad de garantizar el derecho a la protesta sin permitir el desarrollo de hechos violentos que atenten contra la seguridad ciudadana y el orden público.
La iniciativa ha sido difundida públicamente para recibir las opiniones de la ciudadanía y sectores involucrados, con el fin de incorporar aportes antes de su adopción oficial. Esta medida forma parte del marco normativo del actual gobierno de Abelardo De La Espriella y su equipo ministerial, buscando un manejo integral y equilibrado de las manifestaciones sociales en el país.
Esta información fue publicada originalmente por El Tiempo el 1 de octubre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.