COLOMBIA, 9 de octubre de 2026. El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, presentó un proyecto de ley que busca implementar un estatuto antiterrorista con diversas novedades legales para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, según informó Emisora Nueva Época.
Este nuevo estatuto, que consta de 116 páginas, propone otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para tipificar nuevos delitos relacionados con actividades terroristas y permite la aplicación del derecho internacional humanitario contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, una potestad que hasta ahora estaba limitada a grupos armados organizados.
Puntos clave del proyecto de ley
Uno de los elementos centrales del estatuto es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad podrá designar las estructuras que serán objeto de medidas especiales, incluyendo acciones militares directas como bombardeos. Esta medida representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país.
Además, el estatuto establece la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, una dependencia directa de la Presidencia, encargada de coordinar las políticas y acciones en esta materia. Se prevé también el decomiso de bienes a organizaciones listadas como terroristas, dando un plazo de seis meses al presidente para reglamentar la aprehensión preventiva de activos relacionados.
El proyecto contempla regulaciones estrictas para las actividades con criptoactivos, incluyendo la obligación de licencia para las empresas que operen con estos activos virtuales, con el fin de cerrar rutas de financiación ilícita que se habrían venido utilizando en el país.
Reacciones y controversias
La presentación del estatuto antiterrorista ha generado polémica en el ámbito político. Uno de los puntos más cuestionados es la creación de la Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas, que tendrá cooperación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Algunos sectores indican que esta cooperación internacional podría afectar la personería jurídica de ciertas organizaciones vinculadas a figuras políticas ya sancionadas, como el expresidente Gustavo Petro.
El debate está en curso entre los distintos partidos y sectores políticos, que analizan el alcance de las facultades que se están adjudicando al Ejecutivo y el impacto que podría tener el estatuto en los derechos y garantías de las organizaciones sociales y políticas en Colombia.
El gobierno defiende que esta iniciativa es vital para fortalecer la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, y que se enmarca dentro del respeto a la legalidad y los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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