COLOMBIA, 9 de octubre de 2026. Colombia ha retomado su adhesión al Consenso de Ginebra, generando un nuevo capítulo de debate en torno a las políticas sobre el aborto en el país. La reintegración a esta declaración internacional, anunciada por Alejandro Ordóñez, embajador colombiano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), marca un cambio respecto a la posición adoptada por la administración anterior. Este giro diplomático fue impulsado durante la gestión del actual ministro del Interior, Abelardo de la Espriella.
El Consenso de Ginebra, creado en 2020 impulsado por gobiernos con posturas conservadoras como el de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, reúne a países que defienden la protección de la vida, la familia y las políticas sanitarias relacionadas con las mujeres desde un enfoque que no reconoce un derecho internacional al aborto. En esencia, sostiene que los Estados no están obligados a promover o facilitar el aborto, dejando a cada nación la autonomía para definir sus normas y políticas al respecto.
Colombia había ingresado inicialmente a esta iniciativa en el gobierno de Iván Duque en mayo de 2022, pero fue bajo la administración de Gustavo Petro que el país decidió retirarse, alegando que el acceso al aborto legal y seguro es un componente fundamental de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La reincorporación ahora representa un distanciamiento de dicha postura.
Posición oficial y su naturaleza política
Las declaraciones de Ordóñez y confirmaciones de la Cancillería insisten en que la decisión de adherir nuevamente al Consenso no implica cambios automáticos en la legislación nacional vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo. Este regreso se orienta más bien a una manifestación política y diplomática en espacios multilaterales, sin modificar las disposiciones legales internas.
Actualmente, la Corte Constitucional de Colombia mantiene firme la sentencias C 055 de 2022, que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación. Más allá de este término, el procedimiento es permitido únicamente bajo las causales definidas en 2006: riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero o embarazo producto de violencia sexual o incesto.
Reacciones encontradas y preocupaciones
La reincorporación al Consenso de Ginebra ha suscitado respuestas divergentes en el país. Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, expresó inquietudes acerca del riesgo de que esta declaración sea utilizada para restringir los derechos reproductivos de las mujeres. En contraposición, el representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, del Partido Conservador, respaldó la decisión, enfatizando la defensa de la vida desde la concepción.
La internacionalista Sandra Borda también mostró reservas sobre cómo esta adhesión puede tensionar la implementación de los derechos reconocidos internamente en Colombia, particularmente en relación con los derechos sexuales y reproductivos.
Contexto internacional y perspectiva del gobierno
La adhesión refleja además una tendencia en el actual Gobierno de participar en pronunciamientos internacionales con un énfasis diferente al del anterior en materia de género y derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, la postura internacional de Colombia vuelve a alinearse con posiciones conservadoras que rechazan la promoción del aborto como método de planificación familiar, buscando preservar la soberanía nacional en la definición de estas políticas.
Por ahora, el impacto de esta decisión se circunscribe al ámbito político y diplomático, sin alterar las garantías legales que existen dentro del territorio nacional respecto al aborto.
Fuente: Colombia.com
Redacción ColombiaPrensa
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