COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El Gobierno nacional presentó un borrador de decreto que busca agilizar los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental para grandes proyectos de infraestructura y energía en el país, entre ellos el descubrimiento de gas Sirius y la línea de transmisión Colectora en La Guajira, declarados estratégicos para la oferta energética colombiana.
El documento de 10 páginas, elaborado por el Ministerio de Ambiente, propone modificar el Decreto 1076 de 2015 para que la evaluación ambiental y la consulta con las comunidades étnicas puedan avanzar de manera paralela y autónoma, en lugar de realizarse de forma consecutiva como ocurre actualmente. Este cambio permitiría reducir los tiempos en la ejecución de proyectos, que en muchos casos se han extendido notablemente debido a la duración de la consulta previa.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, explicó que con esta propuesta, las autoridades ambientales como la ANLA o las Corporaciones Autónomas Regionales podrían adelantar la evaluación técnica, realizar visitas al área y solicitar información a otras entidades sin esperar la finalización del proceso de consulta previa. Sin embargo, aclaró que la licencia ambiental no podrá aprobarse o negarse hasta que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) defina si procede la consulta y se declare agotado dicho proceso, manteniendo así la consulta previa como un requisito sine qua non para la decisión final.
El borrador también establece que los acuerdos alcanzados en la consulta previa relacionados con la prevención, mitigación, corrección o compensación de impactos ambientales, competencia de la autoridad ambiental, deberán incorporarse en la resolución que conceda la licencia ambiental, la cual no podrá modificar lo pactado con las comunidades. Además, la autoridad tendrá un plazo de diez días hábiles para ajustar su informe técnico después del cierre del proceso de consulta si lo considera pertinente.
Contexto y debate alrededor de la consulta previa
El proyecto ha generado debate en torno al equilibrio entre el respeto de los derechos de las comunidades étnicas y la necesidad de acelerar la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo económico del país. El Gobierno insiste en que la consulta previa no debe convertirse en un obstáculo o herramienta que retrase las inversiones esenciales.
Lara afirmó que “la consulta previa se respeta, pero el tiempo perdido y el represamiento, no”, argumentando que la propuesta busca mantener la calidad técnica en los estudios sin causar demoras injustificadas. Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, consideró que el proceso se había vuelto interminable por falta de plazos definidos y gestión eficiente, y respaldó la iniciativa señalando que introduce orden y gerenciamiento.
Contrariamente, expertos legales y académicos advierten que la consulta debe entenderse como un diálogo para conciliar diferentes visiones de desarrollo y un derecho constitucional, no simplemente como un trámite administrativo. También señalan que su realización paralela con la evaluación ambiental podría dificultar la comprensión integral de los impactos del proyecto, pues la consulta alimenta en ocasiones el estudio de impacto ambiental.
Proyectos estratégicos afectados por la consulta previa
Sirius, el mayor hallazgo de gas costa afuera en Colombia, desarrollado por Petrobras y Ecopetrol, se perfila como la principal alternativa para aliviar el déficit de gas que afronta el país desde 2016. Este proyecto aumentaría las reservas nacionales en un 200 % y permitiría producir gas localmente, alejando la dependencia de las importaciones que alcanzaron el 32 % del consumo en junio de 2026.
Sin embargo, el proyecto requiere unas 120 consultas previas relacionadas con la construcción de un gasoducto que conecte el campo marino con infraestructura en tierra, implicando más de 1.500 reuniones con comunidades. A pesar del avance en la ruta crítica y el protocolo con las comunidades, una juez ordenó en 2024 la suspensión temporal de labores por una controversia sobre el respeto al derecho a la consulta previa con la comunidad indígena Tayrona.
El segundo proyecto destacado es Colectora, una línea de transmisión de 475 kilómetros que transportará energía de siete parques eólicos en La Guajira al sistema nacional. Este cuenta con más de 250 consultas previas realizadas o en curso con comunidades Wayuu, Yukpa, de la Sierra Nevada de Santa Marta y otros consejos comunitarios.
El gerente general de Enlaza, constructora de la línea, indicó que el proyecto presenta retrasos causados por la cantidad de comunidades involucradas y la certificación de su participación, así como por problemas de seguridad territorial, reprogramando su entrada en operación para el segundo trimestre de 2027, un año después de la fecha inicialmente prevista.
Perspectivas y próximos pasos
Actualmente el borrador del decreto está abierto a comentarios públicos y aún no se ha convertido en norma. Mientras tanto, tanto Petrobras y Ecopetrol como Enlaza continúan con sus cronogramas. La expectativa es que el proceso de consulta para Sirius finalice a finales de 2026, seguido por la radicación de la licencia ambiental a comienzos de 2027, con una decisión final de inversión en ese mismo año y producción prevista para 2030. Para Colectora, la expectativa es iniciar operaciones en el segundo trimestre de 2027.
La iniciativa gubernamental busca ofrecer un marco normativo que permita compatibilizar el respeto a los derechos de las comunidades con la necesidad de acelerar la ejecución de megaproyectos, de alto impacto en la economía y la seguridad energética del país.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.