COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Rodrigo Lara, remitió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República un informe que detalla presuntas anomalías en la contratación directa realizada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) durante la administración presidencial de Gustavo Petro.
La auditoría forense desprendida de la evaluación de cuatro contratos, que suman un valor superior a los 62.000 millones de pesos, expone irregularidades significativas donde, según el reporte, no se habrían entregado kits de dotación facturados, a pesar de reponer equipos que debían ser utilizados en atención a emergencias derivadas de un frente frío que afectó a ocho departamentos del país en febrero de 2026.
Rodrigo Lara destacó que la contratación, realizada bajo la figura de urgencia manifiesta, permitió superar los límites comunes de licitación por la declaratoria de emergencia de 30 días ese año. Sin embargo, manifestó incongruencias documentales, como actas sin todas las firmas requeridas y discrepancias entre las cantidades facturadas y las realmente recibidas, situación que levanta sospechas sobre el destino final de los recursos públicos.
Específicamente, un contrato con la empresa Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. concentró gran parte de las alertas. El contrato 076 de 2026, que contemplaba la entrega de 744 elementos de dotación – incluyendo cascos, trajes, guantes, botas, linternas y equipos de respiración autónoma -, registró el ingreso al almacén solo de 671 bienes, con una diferencia económica de más de 1.400 millones de pesos entre lo facturado y lo reportado recibido.
La inconsistencias se profundizan al considerar documentos que señalan la permanencia de los materiales en bodegas del proveedor luego de la supuesta entrega, incluso varios meses después de finalizado el plazo de la emergencia. A octubre de 2026, no existe evidencia documental completa que certifique la entrega efectiva de estos equipos a la Dirección Nacional de Bomberos.
Desde el Ministerio del Interior, el ministro Lara enfatizó que la denuncia cuenta con soporte documental sólido y está siendo entregada a los organismos de control para que se realicen las investigaciones correspondientes. “Esta denuncia está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa. Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en mano. Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero robado”, manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Entretanto, la empresa Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., a través de su gerente y representante legal Ángela Infante, rechazó las acusaciones, asegurando que los kits de dotación fueron efectivamente distribuidos entre diferentes cuerpos de bomberos al cierre de la administración anterior. Infante explicó que antes de aceptar el contrato se verificó el inventario en zonas francas y bodegas, y que los contratos internacionales están siendo vigilados por las autoridades competentes.
El informe oficial también plantea dudas sobre la asignación de recursos, pues solo una mínima fracción de los más de 62.000 millones se habría destinado a atender inundaciones, pese a que esta fue la emergencia principal durante el frente frío. La mayoría del presupuesto fue orientada a compras para combatir incendios, un detalle cuestionado en la investigación.
De acuerdo con la auditoría, además de posibles falsedades ideológicas en documentos públicos, se indagan irregularidades contractuales, posible peculado por apropiación y falta de cumplimiento de requisitos legales en los procesos. Las recomendaciones incluyen entrevistar a los funcionarios involucrados en la estructuración y ejecución de los contratos, así como profundizar en la revisión de documentos y facturas emitidas, en particular las relacionadas con la empresa Makei.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior tomó la decisión administrativa de declarar la insubsistencia del capitán Germán Miranda, quien estuvo apenas tres semanas al frente de la DNBC. Esta situación respondía a la difusión de audios que mencionaban posibles prácticas indebidas anteriores a esta administración con el fin de obstruir investigaciones judiciales, lo que motivó la pérdida de confianza institucional.
La presentación del informe se produjo en medio de un contexto político de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, en donde la transparencia y el manejo de recursos públicos continúan siendo temas prioritarios para la agenda estatal y judicial del país.
Redacción ColombiaPrensa
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