COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El Ministerio del Interior presentó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República los resultados de una auditoría forense sobre cuatro contratos suscritos por la Dirección Nacional de Bomberos (DNBC) durante el gobierno anterior, cuyo valor llegó a $62.256 millones, en los que se investiga la posible no entrega de los equipos contratados.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que estos contratos se realizaron amparados en la figura de urgencia manifiesta tras la emergencia declarada por un frente frío ocurrido en febrero de 2026. La emergencia, que tuvo una duración de 30 días, afectó departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, y dejó alrededor de 250.000 personas afectadas por inundaciones.
Inicialmente, los contratos sumaron $41.992 millones, pero con adiciones superaron los $62.000 millones, y el monto pagado habría sido de $54.966 millones. Sin embargo, el Ministerio señala que solo $313,6 millones se destinaron para atender la emergencia por inundaciones, mientras que el resto correspondió a la compra de equipos para la atención de incendios.
Detalles de los contratos auditados
La auditoría forense revisó cuatro contratos realizados con las siguientes empresas:
– Multisolutions America S.A.S., por $25.698 millones, firmado el 30 de marzo de 2026.
– Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., por $24.063 millones.
– Representaciones Fonina S.A.S., por $3.940 millones.
– Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S., por $1.263 millones.
El foco principal de la auditoría está en el contrato con Makei Soluciones y Asesorías, empresa con sede en Barranquilla. Según el informe, la factura de este contrato contemplaba la entrega de 744 equipos — incluyendo cascos, trajes, guantes, botas, linternas, equipos de respiración autónoma y máscaras forestales—, pero el acta de recibo sólo registró 671 unidades, lo que representa una diferencia de 73 equipos y un valor aproximado de $1.434 millones. Además, el Ministerio indicó que en mayo de 2026 los equipos seguían bajo custodia del proveedor y que, hasta el momento, no existe evidencia documental que respalde la entrega efectiva.
Irregularidades detectadas y contexto legal
El informe también advierte que algunos contratos se firmaron después del vencimiento del plazo de la emergencia y durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación directa. Según la auditoría, las facturas de mayor valor fueron emitidas el 22 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta presidencial. Adicionalmente, se encontraron actas sin las firmas requeridas, versiones contradictorias en los informes de supervisión y vacíos en la documentación de importación y logística de los bienes.
Posibles implicaciones legales y respuestas
De manera preliminar, el Ministerio del Interior relaciona estas irregularidades con posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación — delito que implica la utilización indebida de recursos públicos. Sin embargo, la investigación formal sobre eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
El ministro Lara anunció también que solicitará a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) investigar el destino de los recursos para determinar a dónde fue a parar el dinero. “Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero”, afirmó.
Por su parte, la gerente de Makei Soluciones y Asesorías, Ángela Infante, rechazó las acusaciones y aseguró que los kits fueron entregados a los cuerpos de bomberos antes de finalizar el gobierno anterior. Hasta el momento, no se ha conocido una declaración oficial de los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Bomberos involucrados.
Situación actual en la Dirección Nacional de Bomberos
Este hecho se suma a recientes movimientos institucionales en la DNBC. El pasado 3 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la destitución del capitán Germán Miranda, quien había sido designado en el cargo menos de un mes antes, en medio de la crisis y las investigaciones en curso.
La auditoría forense y la posterior entrega de sus resultados a los órganos de control reflejan el avance en la supervisión y fiscalización de la administración pública en asuntos relacionados con la gestión de emergencias y el manejo de recursos, con especial énfasis en garantizar la transparencia y el correcto destino de los fondos públicos.
Redacción BusinessCol
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