COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. La reforma pensional, uno de los proyectos más importantes en la agenda legislativa actual, se encuentra bajo análisis del alto tribunal, la Corte Constitucional. Este seguimiento se da tras diversas solicitudes presentadas por congresistas que plantean dudas sobre el trámite llevado a cabo en el Congreso y sobre la implementación del mismo.
El representante a la Cámara Simón Molina elevó una petición dirigida a la Corte en la que solicita revisar el proceso legislativo de la reforma, basándose en supuestos vacíos y anomalías durante las sesiones de discusión. En concreto, Molina señala que durante 16 sesiones plenarias consideradas relevantes para el trámite, en 14 de ellas el presidente del Senado en ese momento, Iván Name, no dirigió integralmente las reuniones o cedió la conducción a otros miembros de la mesa directiva.
Adicionalmente, la misiva apunta a posibles negociaciones en las que el expresidente del Congreso habría hecho uso indebido de su cargo para obtener recursos económicos, a través de otros servidores públicos, con el supuesto argumento de apartarse de la dirección del trámite legislativo de la reforma.
Petición de la senadora Martha Peralta sobre la vigencia de la reforma
De manera paralela, la senadora Martha Peralta, vinculada previamente a la investigación sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, también remitió un escrito a la Corte Constitucional en relación con la reforma pensional. Esta petición rechaza la solicitud presentada por Colpensiones al tribunal para que el inicio de la vigencia de la reforma se posponga hasta el 1 de abril de 2028, en lugar de comenzarla en 2027 como estaba previsto originalmente.
Peralta argumenta en su escrito que los fundamentos presentados por Colpensiones no constituyen una imposibilidad material insuperable ni justifican la necesidad ni proporcionalidad de retrasar la aplicación de la reforma.
Consideraciones fiscales y continuación del proceso
En cuanto al aspecto financiero, el Ministerio de Hacienda emitió una alerta fiscal sobre los posibles riesgos asociados con la implementación de la reforma pensional, estimando preliminarmente que el nuevo sistema demandaría recursos adicionales cercanos a los cinco billones de pesos.
El futuro del sistema pensional en Colombia estará sujeto a la evaluación de la Corte Constitucional, que deberá analizar las solicitudes presentadas y la legalidad del trámite realizado en el Congreso, garantizando así el cumplimiento de los procedimientos y la viabilidad jurídica del proyecto.
La revisión en curso es un paso determinante para definir el rumbo que tomará la reforma, con impacto en miles de colombianos y en la sostenibilidad del sistema de pensiones nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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