Corte Constitucional estudiará tutela que obligó a María Fernanda Cabal a reconocer responsabilidad estatal en exterminio de la UP

Judicial & Legal

COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. La Corte Constitucional designó el expediente para revisar la tutela que ordenó a la entonces senadora María Fernanda Cabal rectificar sus declaraciones sobre la Unión Patriótica (UP) y reconocer la responsabilidad del Estado en el exterminio de esa agrupación política. El tribunal analizará de fondo el asunto, pudiendo confirmar, modificar o anular las decisiones emitidas anteriormente por dos juzgados de Bogotá en esta materia.

El origen del proceso se remonta a una entrevista concedida por Cabal el 29 de octubre de 2025 al medio digital La Silla Vacía, donde afirmó que la UP “fue el brazo político de las Farc” y sostuvo que “los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el Eln”. Además, cuestionó la responsabilidad atribuida al Estado en los crímenes cometidos contra miembros de este movimiento. Estas declaraciones generaron controversia y fueron consideradas un discurso estigmatizante por parte de la Defensoría del Pueblo, que interpuso una tutela en representación de víctimas agrupadas en la Corporación Reiniciar.

En primera instancia, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá falló a favor de la Defensoría, señalando que las expresiones de Cabal constituían imputaciones fácticas sin base probatoria. El juzgado diferenciaba entre la libertad de opinión, que protege juicios subjetivos, y la libertad de información, que requiere veracidad en hechos afirmados. En su condición de funcionaria pública, Cabal estaba sujeta a un deber reforzado de veracidad. Así, el juzgado le ordenó rectificar sus afirmaciones en un plazo de cinco días hábiles.

Cabal impugnó la decisión argumentando que sus manifestaciones eran interpretaciones políticas legítimas en un debate histórico y, por tanto, no susceptibles de corrección. No obstante, el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la orden de rectificación, destacando que las declaraciones no se ajustaban a la realidad probada en procesos judiciales.

Tras el fallo, la exsenadora publicó un video en el que ofreció disculpas a las víctimas representadas por Reiniciar, aunque dejó claro que continuaría defendiendo sus convicciones dentro del marco constitucional.

La selección del caso por la Corte Constitucional no garantiza una modificación de las decisiones previas, sino que indica que el alto tribunal estudiará con detalle el fondo del asunto. La sala de selección estuvo integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, quienes explicaron que el proceso aborda temas novedosos relacionados con los límites y responsabilidades en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos. Cabe destacar que ambos magistrados fueron elegidos por el Senado durante el periodo en que Cabal formaba parte de dicha corporación.

El contexto jurídico que rodea la responsabilidad estatal en el exterminio de la UP está respaldado por pronunciamientos internacionales y nacionales. En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las masivas violaciones cometidas contra miles de miembros de la UP desde 1984. Sumado a ello, la Fiscalía General, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica han reconocido esta responsabilidad.

Mientras la Corte Constitucional no fija una fecha para la decisión definitiva, las órdenes emitidas por los juzgados de instancia permanecen vigentes. El fallo que se adopte será determinante para establecer hasta dónde llega la libertad de expresión de los funcionarios públicos y cuáles son sus obligaciones en relación con la memoria y garantías de las víctimas.

Esta información fue obtenida de IFM Noticias (https://ifmnoticias.com), que cubrió el desarrollo del caso y su relevancia jurídica y social en el contexto colombiano.

Redacción ColombiaPrensa

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