COLOMBIA, 15 de octubre de 2026. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjögren, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay. Según informó El Espectador, la obra tenía un presupuesto oficial de 11.125 millones de pesos y la acusación comprende los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La imputación, que se presentó el 27 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia, señala que Hawkins Sjögren delegó la firma del contrato interadministrativo para la obra al secretario de Infraestructura de la gobernación. Este contrato se acordó con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), encargada posteriormente de subcontratar la ejecución y la interventoría, aunque según la Fiscalía, Aremca carecía de las capacidades técnicas necesarias para desarrollar un proyecto de esta magnitud.
En su investigación, el ente acusador encontró una serie de irregularidades administrativas y legales. Por ejemplo, el proyecto se tramitó por contratación directa en vez de licitación pública, requisito establecido para obras de este tipo. Además, el estudio de mercado previo se consideró insuficiente y el proyecto no estaba incluido en el banco oficial de proyectos del departamento, ni contaba con las autorizaciones pertinentes. Adicionalmente, la ejecución comenzó el 20 de abril de 2023 sin contar con las licencias ambientales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).
El resultado fue una obra que incluyó la construcción de plataformas y kioscos turísticos, pero sin la consolidación del muelle de acceso para turistas, uno de los objetivos principales. La Fiscalía advirtió que esta situación podría generar la demolición de las estructuras por falta de avales oficiales.
Otro punto destacado son los desembolsos que realizó la Gobernación de San Andrés, con pagos por 10.847 millones de pesos a una fiducia creada por la Asociación Regional de Municipios del Caribe, realizados antes del inicio de la obra. Un informe pericial estimó un presunto detrimento patrimonial superior a 4.330 millones de pesos, atribuido a sobrecostos, montos no reintegrados y omisiones de descuentos legales.
Aunque Hawkins Sjögren no aceptó los cargos, la Fiscalía sostiene que él tuvo conocimiento de las anomalías y que participó en la dirección del presupuesto, en la elección del contratista y en la definición de la modalidad contractual, a pesar de haber delegado la firma del contrato.
Este caso forma parte de una línea más amplia de investigación impulsada por la Fiscalía acerca del manejo irregular de recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Hasta la fecha, un Grupo de Tareas Especiales ha judicializado a 28 personas en procesos relacionados con más de 1.252 contratos irregulares por un valor que supera los 3,7 billones de pesos.
El seguimiento y la judicialización de estos procesos buscan proteger los recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo y garantizar el cumplimiento de la ley en los procesos contractuales y administrativos del sector público.
Redacción ColombiaPrensa
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