COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. La sesión del Congreso de este lunes para debatir y aprobar el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 enfrentó un bloqueo significativo luego de que los representantes del Partido Liberal decidieran romper el quórum. Esta acción se produjo en medio de tensiones políticas derivadas de un reciente enfrentamiento entre el presidente Abelardo de la Espriella, la congresista liberal Elizabeth Jay-Pang y la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez.
Los miembros del Partido Liberal se reunieron con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el viceministro de Hacienda en la Secretaría de la Cámara de Representantes para expresar su malestar por los hechos ocurridos durante el fin de semana. La falta de quórum complica la aprobación del presupuesto, cuyo plazo vence mañana. De no conseguirlo, el gobierno tendrá la facultad de expedirlo mediante decreto, como se hizo en 2025 durante la administración anterior.
En otra vertiente del escenario político, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con el congresista Gregory Meeks, representante demócrata por Nueva York y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara estadounidense. Meeks había manifestado preocupación por el respaldo explícito del mandatario colombiano a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar en Florida, señalando posibles implicaciones para la cooperación bipartidista entre Estados Unidos y Colombia.
Además, en Bogotá se vivieron manifestaciones frente al Museo Nacional en rechazo a la remoción de varias obras culturales ordenada por el gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante la intervención para despejar bloqueos que impidieron la circulación en la carrera Séptima. Lara explicó que pese a los diálogos, la acción fue necesaria ante la persistencia de bloqueos totales por parte de algunos manifestantes. La ministra de Cultura, Paola Holguín, denunció una supuesta instrumentalización de menores durante las protestas.
Por su parte, la ONG Temblores reportó casos de heridos, detenciones que consideran irregulares y traslados a estaciones de policía y centros de protección durante los eventos de protesta. Esta situación ha abierto un debate sobre el manejo estatal de la seguridad en protestas culturales y sociales.
Estos hechos se inscriben en la primera fase del gobierno de Abelardo de la Espriella, caracterizada por tensiones internas en el Congreso, declaratorias políticas internacionales y controversias en la gestión cultural que desafían la estabilidad política y social del país en temas económicos y de gobernabilidad.
Redacción ColombiaPrensa
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