COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. La intervención policial durante una protesta frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, generó un debate sobre el manejo de las manifestaciones y la política cultural del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, justificó la acción oficial realizada el 18 de octubre y resaltó que se buscó inicialmente el diálogo para atender la concentración.
La protesta se originó como respuesta al retiro de al menos 30 piezas históricas del Museo Nacional, decisión que causó rechazo entre colectivos culturales, activistas y sectores de la oposición política. Los manifestantes bloquearon la carrera Séptima, lo cual motivó la intervención de la fuerza pública para restablecer la movilidad.
Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro Rodrigo Lara explicó que el propósito de las autoridades fue equilibrar el derecho a la manifestación con la protección de la circulación ciudadana. “De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total”, afirmó al justificar el operativo frente a uno de los principales corredores viales de la capital.
Durante esa jornada se atendieron dos concentraciones: una en el sector de La Perseverancia y otra frente al Museo Nacional. En La Perseverancia, donde el bloqueo afectaba el acceso a una estación de Policía, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá lograron un acuerdo con los manifestantes para habilitar un carril vehicular, tras lo cual la protesta continuó sin intervención policial.
Sin embargo, en la protesta frente al Museo Nacional, si bien la ocupación vial no impidió la movilidad durante la ciclovía, cuando esta finalizó un grupo siguió bloqueando en su totalidad la carrera Séptima. Ante la solicitud de despejar la vía y el inconformismo de algunos manifestantes, la Policía procedió a intervenir, usando chorros de agua como parte del procedimiento, según imágenes registradas de ese momento.
El ministro añadió que al evento acudieron también funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores distritales debido a la presencia de menores de edad entre los participantes, buscando proteger sus derechos durante la protesta.
El 19 de octubre, el Ministerio del Interior ratificó en redes sociales su respaldo al procedimiento policial, destacando el compromiso de respetar tanto el derecho a la protesta como la legalidad. Por su parte, la Secretaría Distrital de Gobierno informó que, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, hicieron acercamientos con los manifestantes para solicitar que se desplazaran a los andenes y así facilitar la circulación vehicular, aunque durante estas gestiones se presentaron momentos de tensión.
La protesta, iniciada el 17 de octubre, estaba motivada por el retiro de piezas vinculadas a episodios significativos de la historia política y social colombiana. Entre los objetos retirados se encontraban documentos y símbolos relacionados con movimientos feministas, la comunidad LGBTI+, la Unión Patriótica, la Asamblea Constituyente de 1991, el Acuerdo de Paz de 2016, así como material vinculado con líderes políticos asesinados y grupos insurgentes.
Este retiro se llevó a cabo el 15 de octubre luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural” y ordenara sacar del espacio público representaciones que, a su juicio, enaltecían el terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, apoyó la medida argumentando que el Museo Nacional no debe servir como un instrumento de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia.
En contraste, distintas organizaciones culturales y museos de arte moderno manifestaron su desacuerdo, reconociendo que, aunque los contenidos museográficos pueden ser revisados a través de procesos investigativos y debates públicos, la toma de decisiones debería estar desligada de intereses ideológicos de los gobiernos de turno.
Esta postura ha generado un intenso debate sobre la gestión cultural estatal, la autonomía de las instituciones museales y el manejo del patrimonio histórico en Colombia, en un contexto donde la memoria colectiva y la pluralidad de narrativas permanecen como temas sensibles.
Redacción ColombiaPrensa
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