COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. La región de Nariño enfrenta una grave crisis humanitaria ocasionada por el desplazamiento de aproximadamente 2.500 personas a causa de intensos combates entre grupos disidentes de las extintas Farc y el Ejército colombiano. Así lo informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertó sobre la urgente necesidad de atención humanitaria en esta zona del suroeste colombiano.
El departamento de Nariño tiene una ubicación estratégica por su acceso al océano Pacífico y su frontera con Ecuador, circunstancias que favorecen la presencia y enfrentamiento de organizaciones armadas ilegales. Entre estos grupos se encuentran facciones disidentes de las Farc, el ELN y estructuras dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado, que disputan el control territorial para asegurar rutas y cultivos ilícitos.
Los enfrentamientos recientes en esta región han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas, evidenciando la persistencia del conflicto armado en ciertas áreas rurales e indígenas, donde la presencia institucional es limitada. Según la ONU, estas comunidades se ven obligadas nuevamente a abandonar sus hogares en busca de seguridad, poniendo en riesgo su bienestar y derechos fundamentales.
El desplazamiento masivo implica un profundo impacto social y cultural. Familias completas, incluyendo niños, mujeres, hombres y personas mayores, han dejado sus tierras con lo esencial, perdiendo no solo sus medios de subsistencia sino también la conexión con su entorno y su identidad cultural, especialmente en comunidades indígenas y afrocolombianas.
Además, se destacan importantes riesgos para la niñez, como el reclutamiento forzado y la interrupción de la educación, junto con retos específicos para las mujeres desplazadas, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad a la violencia de género y dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva.
Las personas desplazadas suelen buscar refugio en cabeceras municipales o lugares cercanos, situación que pone presión sobre las capacidades de respuesta de las autoridades locales y organizaciones humanitarias, que deben atender las necesidades básicas en alimentación, agua potable, salud y educación.
Esta situación recurrente de desplazamiento también afecta la estabilidad social y económica de Nariño, dificultando la implementación de políticas públicas, el desarrollo de proyectos productivos y la consolidación de la presencia estatal.
La comunidad internacional y las organizaciones especializadas continúan haciendo un llamado para fortalecer la protección de las poblaciones afectadas y promover soluciones integrales que atiendan las causas profundas del conflicto, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y digno a sus territorios cuando las condiciones lo posibiliten.
En ese sentido, es fundamental aumentar los esfuerzos coordinados entre el Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil para enfrentar esta emergencia humanitaria, centrando todas las acciones en la salvaguarda de la vida y la dignidad de las personas desplazadas en Nariño.
Redacción ColombiaPrensa
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