COLOMBIA, 20 de octubre de 2026. El Congreso de Colombia aprobó el presupuesto nacional para el año 2027, en un proceso que se extendió por casi 20 horas de debate y que marca la primera victoria legislativa para el presidente Abelardo de la Espriella desde su posesión el 7 de agosto de este año.
El monto aprobado asciende a aproximadamente 201.000 millones de dólares. Este presupuesto contempla una significativa reducción en el gasto público, enmedio de compromisos del gobierno con la austeridad y el control del tamaño del Estado. A pesar de la aprobación, la iniciativa proyecta un déficit fiscal grave, calculado en un 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que se sitúa entre las más altas de América Latina, comparable a la de Brasil.
Dentro del presupuesto, cerca de 124.500 millones de dólares están destinados a gastos de funcionamiento del Estado, mientras que se aprobó una asignación de 1.236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres naturales. Sin embargo, estos recursos quedan muy por debajo de la estimación requerida para la reconstrucción tras el terremoto de agosto, valorada en unos 9.500 millones de dólares.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante la discusión sostuvo que el país debe aceptar un recorte en la inversión pública y adaptarse a un entorno de austeridad. El Gobierno se comprometió además a presentar en los próximos tres meses un proyecto de ley encaminado a reducir el gasto público equivalente a un 2,2 % del PIB, aunque aún no se han difundido detalles específicos sobre qué partidas serán ajustadas.
El presidente Abelardo de la Espriella expresó su reconocimiento al Congreso por la aprobación del presupuesto y destacó el gesto de patriotismo en medio de un contexto económico complejo. Sin embargo, esta aprobación ha generado críticas desde la oposición y sectores sociales preocupados por el impacto que tendrían los recortes presupuestarios en el empleo, los estratos más pobres y especialmente en la implementación del pacto de paz firmado en 2016 que desarmó a la antigua guerrilla de las FARC.
Una de las manifestaciones más contundentes fue la del representante opositor Oscar Benavides, quien manifestó que los recortes, especialmente el ajuste de unos 57,5 millones de dólares a la financiación del tribunal especial creado en el marco del acuerdo de paz (que tendrá una reducción de cerca del 24 % respecto al presupuesto anterior), condenarían a la juventud a la pobreza y limitarían la dignidad en territorios afectados por el conflicto armado. En su opinión, esto representa una reducción de derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Este escenario económico plantea retos importantes para la gestión pública y los acuerdos sociales en Colombia, especialmente en un momento en que el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas sin afectar la paz ni aumentar la desigualdad. El debate en el Congreso reflejó las tensiones entre la urgencia fiscal y la necesidad de proteger sectores vulnerables y procesos clave para la estabilidad nacional.
Redacción BusinessCol
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