COLOMBIA, 21 de octubre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella anunció recientemente una serie de medidas dirigidas a redefinir la política cultural de Colombia, con un énfasis en revalorizar lo que denomina “valores tradicionales” y restablecer una narrativa histórica que, según él, ha quedado desdibujada en el tiempo.
Durante un evento realizado el 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, el mandatario expresó su intención de combatir lo que calificó como el “wokismo”, una expresión que en su discurso no se refiere a una ideología específica sino a ciertos sectores que, a su juicio, desafían los relatos tradicionales. De la Espriella enfatizó que el plan busca rescatar una herencia nacional que considera suspendida, planteando un retorno a una visión histórica que pone en el centro valores y relatos ancestrales.
Entre las propuestas presentadas está la eliminación de imágenes que, en su opinión, glorifican la violencia. Esta postura se anunció desde un escenario con fuerte connotación histórica y artística, el Claustro de Santa Clara, sitio que a su vez es un espacio para la diversidad de expresiones culturales y artísticas contemporáneas. La propuesta ha generado cuestionamientos sobre la exclusión de ciertos relatos y prácticas culturales, dada la pluralidad de identidades, territorios y formas de vida que conforman el país.
El presidente hizo énfasis en que el nuevo rumbo cultural estará articulado a través del ministerio de la cultura y el patrimonio, bajo la dirección de la ministra Paola Holguín, a quien se refirió como “generala”. Este cambio en la cartera genera expectativas respecto al papel que cumplirá el ministerio, especialmente sobre si se convertirá en un ente regulador que defina y limite qué expresiones culturales y artísticas serán reconocidas oficialmente.
En sus intervenciones, de la Espriella utilizó la expresión “el régimen anterior” para designar a sus predecesores, situándose en una perspectiva de contraste político e ideológico. Sin embargo, expertos en memoria social señalan que el debate va más allá de las administraciones y se centra en quién controla la construcción y legitimación de los relatos históricos en Colombia.
El análisis de la política cultural anunciada sugiere que la intención de imponer una única visión desde el Estado podría invisibilizar la diversidad de memorias y saberes que han articulado la vida cultural del país. La tensión entre las narrativas oficiales y las múltiples identidades que existen en Colombia plantea un desafío para la consolidación de una cultura democrática y pluralista.
En consecuencia, la iniciativa presidencial abre un debate en torno a la memoria histórica y cultural: ¿qué relatos serán promovidos y cuáles podrían quedar marginados? ¿Qué comunidades y expresiones culturales tendrán cabida en la nueva política cultural? Estas preguntas permanecen como elementos centrales en la discusión pública sobre el rumbo cultural de Colombia.
Redacción BusinessCol
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