COLOMBIA, 21 de octubre de 2026. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra la gobernadora del departamento de San Andrés, Girley Ordoñez, y contra el esposo de la representante a la Cámara por esa región, Elizabeth Jay-Pang Díaz, tras los señalamientos hechos por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante una visita oficial a la isla.
El proceso está enfocado en esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la gestión del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como presuntas contrataciones que habrían favorecido a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang Díaz, entre los años 2018 y 2024.
El presidente De La Espriella publicó un video en las redes oficiales de la Presidencia donde increpa a la gobernadora y a la representante tras denuncias ciudadanas y reportes periodísticos que sugieren una relación directa entre ambos y presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios en la región. Estas acciones provocaron un fuerte debate y críticas en el ámbito político y público, pues el mandatario advirtió sobre posibles actos de corrupción que estarían siendo investigados por organismos de control.
La indagación preliminar identificada con el radicado IUS-E-2026-605440 – IUC-D-2026-4483777, señala en los documentos oficiales que la Secretaría de Infraestructura Departamental habría realizado un pago por un valor de 1.700 millones de pesos, equivalente al 24,29 % de un contrato total de 7.000 millones de pesos, presuntamente a favor de Vonblon Pomare.
A partir de estas acciones, la Procuraduría busca determinar si existió un posible favorecimiento en la adjudicación de contratos estatales al esposo de la representante Jay-Pang Díaz, y si la gobernadora Ordoñez tuvo participación o responsabilidad en dichas conductas. De encontrarse irregularidades, la gobernadora podría afrontar medidas disciplinarias, incluida una posible suspensión provisional en su cargo.
Paralelamente, la Procuraduría abrió otra indagación con el radicado IUS-E-2026-602030 – IUC-D-2026-4481860 vinculada directamente con la contratación en el Hospital Departamental de San Andrés. En este caso, la investigación busca esclarecer si los procesos contractuales habrían favorecido a familiares de autoridades locales, de acuerdo con denuncias que apuntan a una posible corrupción en la administración de la entidad hospitalaria.
La Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de un plazo máximo de diez días, la entrega de documentos como contratos, hojas de vida y demás soportes relacionados con los procesos de contratación del hospital para avanzar en la revisión de estas presuntas faltas disciplinarias.
Esta investigación preliminar tendrá una duración estimada de seis meses, durante los cuales la Procuraduría evaluará las evidencias y determinará si hay méritos para abrir procesos disciplinarios formales contra las personas involucradas.
El señalamiento público realizado por el presidente de la República y la reacción inmediata del ente de control han generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión pública en San Andrés y la responsabilidad de sus funcionarios. La situación pone evidencia la importancia de los mecanismos institucionales para investigar y sancionar posibles irregularidades relacionadas con la contratación estatal y el manejo de recursos públicos.
El ente de control reafirma su compromiso con la vigilancia del buen uso de los recursos y la defensa de la legalidad en el ejercicio público para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.
Redacción ColombiaPrensa
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