COLOMBIA, 21 de octubre de 2026. Se conocieron mensajes y audios enviados por Víctor de Currea-Lugo, exasesor de la Dirección de Presidencia de la República (Dapre), a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en los cuales se solicitaba una declaración pública contra el abogado Abelardo De la Espriella. Los hechos se enmarcan en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026.
Según información revelada por la revista Semana, el 23 de mayo de 2026, una semana antes de la primera vuelta presidencial, De Currea-Lugo envió a Mancuso un cuestionario por WhatsApp con varias preguntas sobre supuestos vínculos de De la Espriella con las estructuras paramilitares. En el mensaje, el exasesor le manifestó a Mancuso que dicha información podría ser útil de cara a los comicios presidenciales.
Entre las preguntas que le formularon se incluían temas como el tipo de relación que mantuvo De la Espriella con miembros de las AUC, los posibles orígenes ilícitos del dinero de algunos clientes relacionados con el paramilitarismo, y si existieron estrategias jurídicas para proteger patrimonios vinculados a estas estructuras. También se le solicitó que manifestara qué estaría dispuesto a afirmar bajo juramento sobre la relación de De la Espriella con intereses asociados a las AUC y cuestionaron la imagen pública que presenta el abogado como defensor de la institucionalidad frente a los hechos que habría conocido.
Semanas más tarde, previo a la segunda vuelta presidencial, el 13 de junio de 2026, Víctor de Currea-Lugo envió un audio a Mancuso en el que insistió en que hablara públicamente sobre De la Espriella con el fin de influir en la opinión pública y modificar los resultados electorales. En dicho audio, De Currea-Lugo argumentó que esta declaración podía suponer un “golpe de opinión” para que el abogado perdiera respaldo electoral, resaltando además episodios de campañas pasadas que cambiaron las encuestas con golpes mediáticos.
Salvatore Mancuso confirmó en entrevista con Semana la recepción de los mensajes y el audio, pero aclaró que no respondió ni suministró información porque no tenía datos que aportar ni estaba dispuesto a participar en señalamientos sin hechos verificables, especialmente en medio del proceso electoral.
Este caso se suma a la controversia por la supuesta reunión en octubre de 2025 en Valledupar, donde funcionarios del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro habrían solicitado a exjefes paramilitares generar declaraciones negativas contra figuras políticas como Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. La Fiscalía y la Procuraduría han iniciado investigaciones relacionadas con estos hechos, que han sido denominados como el ‘Pacto de Valledupar’.
El desarrollo de estas investigaciones y las verificaciones de los mensajes divulgados forman parte del escrutinio público sobre la relación del gobierno y sus asesores con grupos desmovilizados y su influencia en la contienda electoral.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.