COLOMBIA, 22 de octubre de 2026. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó sobre la posible reactivación del proyecto de construcción de una megacárcel en el departamento del Atlántico, ubicado en la región Caribe de Colombia. Esta iniciativa, que buscaría aumentar la capacidad del sistema penitenciario, había sido suspendida en 2022, pero ahora forma parte de un plan nacional para consolidar penales de gran escala en todo el país.
El proyecto corresponde al establecimiento penitenciario denominado ‘El Tiestal’, situado en el municipio de Candelaria, zona rural al sur del Atlántico. Originalmente pensado para albergar a alrededor de 5.000 internos con una inversión estimada de 400.000 millones de pesos, la propuesta ahora contempla ampliar su capacidad a 11.500 internos, en línea con la estrategia gubernamental impulsada por De La Espriella para enfrentar la crisis carcelaria en el territorio nacional.
La reactivación fue divulgada por el mismo presidente a través de sus redes sociales, donde fue visto revisando el progreso junto al secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, José Antonio Luque. La construcción de este complejo penitenciario busca aliviar el hacinamiento en los centros de reclusión regionales, así como fortalecer los procesos de rehabilitación y resocialización.
Antecedentes y procesos administrativos
El proyecto remonta su origen a 2017, cuando la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Alcaldía de Barranquilla firmaron un acuerdo para buscar soluciones a la crisis en el sistema carcelario local.
Un año después, en 2018, las autoridades firmaron un nuevo convenio para avanzar en los estudios y diseños del complejo, seleccionando en 2019 el predio El Tiestal para la construcción después de evaluar varias opciones. Este terreno de aproximadamente 80 hectáreas fue entregado oficialmente al Inpec para empezar con los planes de infraestructura destinados a aumentar la capacidad penitenciaria.
Retrasos y suspensión del proyecto
Pese a los avances administrativos y técnicos, el proyecto enfrentó suspensiones judiciales en 2022, luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico admitiera una acción popular en la que se alegaron fallas en la consulta previa a comunidades afrodescendientes del área afectada, junto con posibles vulneraciones a derechos colectivos. Estas decisiones judiciales, junto con la falta de asignación presupuestal en esa época, originaron la paralización de las obras.
El Gobierno actual plantea que esta iniciativa no solo mitigue el problema de sobrepoblación en las cárceles, sino que también haga parte de una mayor estrategia para la seguridad y el orden público a nivel nacional, mediante la creación de megacárceles que optimicen la gestión penitenciaria y abran nuevas oportunidades para la rehabilitación.
Implicaciones y panorama
El anuncio ha reabierto el debate regional y nacional sobre la pertinencia y el impacto social de este tipo de infraestructuras penitenciarias, considerando las preocupaciones sobre la participación comunitaria y los derechos de las poblaciones afectadas expresados anteriormente. A la par, las autoridades han reafirmado el compromiso de avanzar con transparencia y diálogo para garantizar que el proyecto responda a las necesidades de seguridad y justicia, con respeto a las garantías sociales y legales.
El seguimiento a este proceso será determinante en los próximos meses, dado su impacto en la política pública penitenciaria y en el entorno social del departamento del Atlántico y la región Caribe en general.
Redacción ColombiaPrensa
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