COLOMBIA, 22 de octubre de 2026. Estados Unidos informó este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico y corrupción, en el marco de una estrategia hispanoamericana para combatir estos delitos.
En Colombia, la medida afecta a 21 personas, incluyendo a Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial del expresidente Gustavo Petro. También figuran el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el senador electo Wadith Manzur, este último detenido por orden judicial y sin haber tomado posesión formal del cargo.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que esta acción amplía la campaña de Estados Unidos contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Rubio recordó que los países integrantes de la alianza Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump para enfrentar el crimen organizado en el continente, han acordado intensificar los esfuerzos conjuntos.
Colombia se sumó a esta alianza tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella en agosto, quien resultó electo en las recientes elecciones presidenciales, sucediendo a Petro.
Situación en Bolivia
En Bolivia, la decisión implica la revocación de visas para cerca de cuarenta ciudadanos, entre ellos figuras judiciales como el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz. También están incluidos legisladores, el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, así como funcionarios vinculados a investigaciones internacionales sobre narcotráfico, como Julio César Porras Velarde y Rony Suárez Milliet.
Cabe destacar que a finales de septiembre, Washington ya había retirado visas a otros veinte funcionarios bolivianos de alto rango, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, quien fue posteriormente detenido.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo coordinado que busca excluir a personajes involucrados en actos de corrupción y delincuencia organizada del acceso al territorio estadounidense, con el fin de debilitar esas estructuras.
Por ahora, el Departamento de Estado no ha publicado la lista completa de los afectados ni ha detallado los casos específicos que motivaron la cancelación de visas, pero estas acciones reflejan un compromiso ampliado en la lucha contra las redes ilícitas que operan en América Latina.
Redacción ColombiaPrensa
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