Tribunal revoca fallo que prohibía bombardeos durante gobierno de Abelardo de la Espriella

Gobierno

COLOMBIA, 28 de octubre de 2026. En una decisión reciente, la jueza del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo que suspendía las operaciones aéreas de bombardeos ordenadas durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La medida provisional había sido impuesta ante preocupaciones sobre los riesgos para menores reclutados ilegalmente, quienes podrían estar presentes en campamentos de grupos armados.

El fallo inicial había ordenado que se adoptaran medidas reforzadas para proteger a niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las operaciones militares, especialmente para verificar la posible presencia de menores y considerar alternativas menos lesivas que permitieran alcanzar objetivos militares con ventajas comparables.

Sin embargo, el Tribunal Superior declaró improcedente la acción de tutela que había originado aquella restricción, dejando sin efecto la suspensión de los bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares. Este recurso legal había sido dirigido contra diversas autoridades, incluyendo al presidente de la República, los ministros de Defensa y del Interior, así como a los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.

El tribunal enfatizó que, aunque la protección de menores es una prioridad, la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos guerrilleros no debe considerarse automáticamente como un motivo para calificar dichos espacios como no legítimos objetivos militares. En consecuencia, las operaciones aéreas continúan bajo los protocolos vigentes que incluyen la verificación de inteligencia para confirmar la ubicación de menores y la evaluación de riesgos antes de ejecutar los bombardeos.

Esta decisión elimina las restricciones adicionales que se habían ordenado en la primera instancia para reforzar la protección de la población infantil y juvenil reclutada de forma forzada, reafirmando la competencia del Gobierno Nacional en la planificación y ejecución de acciones militares contra grupos armados ilegales en territorios afectados por el conflicto.

El caso había generado debate público y jurídico debido al equilibrio que se busca entre la eficacia de las operaciones militares y el respeto por los derechos humanos, en especial de aquellos considerados población vulnerable como los menores de edad.

Con la revocatoria del fallo, el Ejecutivo mantiene la potestad de continuar con las operaciones aéreas, siempre bajo los mecanismos de control y vigilancia establecidos para minimizar los riesgos a la población civil.

Redacción ColombiaPrensa

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