COLOMBIA, 28 de octubre de 2026. La defensa jurídica de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), anunció la preparación de una denuncia penal que presentará ante la Fiscalía General de la Nación. Esta denuncia incluye los nombres de varias mujeres que, presuntamente, habrían sido involucradas en la obtención de contratos estatales mediante favores sexuales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Aunque no se ha definido la fecha exacta para la presentación formal de la denuncia, se contempla que pueda realizarse este jueves o en los próximos días. Esta iniciativa se suma a las investigaciones que la Fiscalía abrió desde el 23 de octubre para esclarecer posibles irregularidades y conductas delictivas en el DAPRE y otras entidades públicas durante el gobierno pasado.
La investigación fue asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien coordina un equipo especializado para la recolección de pruebas. En el proceso, se busca identificar si existieron anomalías en los procedimientos de contratación pública, especialmente en relación con la presunta vinculación de mujeres a contratos a cambio de favores sexuales.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha citado a varios exfuncionarios del DAPRE, incluyendo a Angie Rodríguez y Laura Sarabia. También se espera la declaración de Deicy Jiménez, quien ha manifestado públicamente sobre supuestos beneficios en contratos estatales ligados a relaciones íntimas con el expresidente Petro. Según información reportada en el Congreso por el actual director de la DAPRE, Carlos Ríos, el número de mujeres involucradas podría alcanzar 48, de las cuales algunas ya han entregado versiones ante la Fiscalía.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para determinar si se cometieron faltas disciplinarias relacionadas con acoso laboral, violencia de género, extralimitación de funciones o irregularidades en la contratación pública. Esta acción es independiente de la investigación penal de la Fiscalía y enfoca su actuación en el ámbito disciplinario.
Por otro lado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia penal contra el expresidente Petro y la senadora María José Pizarro. La denuncia señala posibles actos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos durante la pasada administración. Este caso también permanece en proceso de análisis por las autoridades competentes.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a los organismos de control y a las autoridades judiciales para que conduzcan las investigaciones con autonomía, priorizando el esclarecimiento de los hechos y garantizando la protección de las potenciales víctimas.
La complejidad y la resonancia de las denuncias mantienen en expectativa tanto al sector político como a la opinión pública, mientras las instituciones continúan con las actuaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los presuntos hechos irregulares en el manejo de contratos estatales durante la administración Petro.
Redacción ColombiaPrensa
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