COLOMBIA, 29 de octubre de 2026. El Ministerio de Justicia solicitó al senador Iván Cepeda que aporte pruebas concretas que respalden las denuncias presentadas contra el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el congresista expusiera en un debate de control político una supuesta red de capitales vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo alrededor del mandatario.
Iván Cancino, ministro de Justicia y del Interior encargado, se pronunció a través de un video oficial en el que indicó que, si bien los señalamientos pueden parecer graves, no están sustentados en evidencias suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del presidente De la Espriella. Además, enfatizó que acusaciones basadas solamente en documentos antiguos, organigramas y operaciones empresariales no son pruebas sólidas para establecer responsabilidades penales o disciplinarias.
El senador Cepeda anunció que presentará una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presunto concierto para delinquir, y solicitará investigar presuntos delitos adicionales como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Durante su intervención, mostró folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales para sostener sus denuncias.
Cepeda denominó su denuncia como un entramado de “narcorrentismo”, alegando que existirían relaciones entre capitales supuestamente relacionados con el narcotráfico y paramilitarismo, negocios rurales y funcionarios que habrían mantenido vínculos laborales con empresas asociadas a De la Espriella y al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.
Un punto clave en la denuncia es la empresa Dominio De la Espriella, vinculada a la producción y comercialización del ron Defensor. Según Cepeda, estados financieros de la compañía evidencian aportes de personas cercanas a Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como alias “Barbie”, vinculado al narcotráfico. Además, relacionó estas inversiones con la compra de la finca Nueva Jerusalén en Cesar y mencionó a un exsocio del presidente que estaría vinculado en un proceso por lavado de activos en Estados Unidos.
El ministro Cancino insistió en que todas las denuncias deben ser formalizadas ante las autoridades competentes, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. También manifestó la disposición del gobierno para colaborar con documentos, videos, fotografías e informes periciales relacionados con las investigaciones, y aseguró que no se quedarán en meras insinuaciones.
Asimismo, el ministro cuestionó que sectores políticos no hayan exigido explicaciones similares respecto a casos vinculados con el gobierno anterior. Recordó que la herramienta del control político es fundamental para la democracia, pero pidió que no se transforme en un espacio para acusaciones sin pruebas comprobables.
Redacción BusinessCol
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