COLOMBIA, 9 de noviembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella anunció una intensificación en las operaciones militares, policiales y de inteligencia dirigidas contra las estructuras criminales que operan en el país, luego del ataque con drones cargados de explosivos al Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.
El mandatario calificó el reciente atentado, que dejó tres militares muertos y más de 40 heridos, como una respuesta a la ofensiva que la Fuerza Pública mantiene contra grupos narcoterroristas. Al respecto, afirmó que el Gobierno no dará marcha atrás en su lucha contra estas organizaciones, y que se reforzarán las acciones para desmantelar sus redes, sus finanzas y sus estructuras ilegales.
El ataque, ocurrido en una instalación militar, prendió las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, motivada en parte por la reacción de grupos armados ilegales a las capturas y operaciones en su contra. En este contexto, el ministro de Defensa, Jorge Mora, atribuyó preliminarmente el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que podría tratarse de una represalia por la captura de ‘alias Carrito’, un cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó y supuesto responsable de las finanzas ilegales del Bloque Nororiental.
El ministro Mora condenó enérgicamente el ataque y aseguró que la Fuerza Pública desplegará todas sus capacidades para identificar, ubicar y capturar a los responsables. Recalcó además que no habrá tregua en la persecución de quienes atenten contra la vida de los uniformados y la seguridad de la ciudadanía.
Ante la escalada del uso de drones con explosivos en atentados, el presidente De La Espriella ratificó el compromiso del Estado colombiano de responder con contundencia y adaptarse a las nuevas modalidades de ataque empleadas por los grupos criminales. Destacó que la ofensiva incluirá no solo acciones militares, sino también esfuerzos coordinados de inteligencia y operativos contra las estructuras financieras ilegales que sustentan a estos grupos.
Estos pronunciamientos se producen en un momento en que las autoridades buscan fortalecer la seguridad en zonas afectadas por el accionar de organizaciones armadas, con el objetivo de reducir los niveles de violencia y garantizar la protección de los habitantes y del personal militar. El Gobierno reafirma así su postura de combate frontal a la criminalidad organizada, bajo el principio de acción proporcional y defensa de la institucionalidad.