COLOMBIA, 10 de noviembre de 2026. Durante los primeros 90 días de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, la violencia contra la Fuerza Pública en Colombia aumentó notablemente. Según datos oficializados por el Ministerio de Defensa, en este periodo fueron asesinados 38 uniformados y 213 resultaron heridos, lo que representa un incremento del 58 % en asesinatos y 72 % en heridos, en comparación con el mismo lapso del gobierno anterior de Gustavo Petro.
El Ejército Nacional registró el aumento más significativo en víctimas, con 21 integrantes asesinados, cifra que supera en un 163 % los ocho casos del período anterior, y 131 heridos, un 264 % más que los 36 reportados previamente. Estas cifras reflejan no solo un incremento en la violencia, sino también el impacto directo en familias de sectores populares, dado que históricamente un alto porcentaje de los soldados proviene de hogares de bajos ingresos y comunidades campesinas.
En contraste, la Policía Nacional mantuvo constantes los asesinatos con 16 casos en ambos periodos, mientras que los heridos disminuyeron de 86 a 78. La Armada Nacional presentó una leve variación con un uniformado asesinado y cuatro lesionados, frente a ningún fallecido y dos heridos en el anterior registro, evidenciando que el mayor repunte se concentran en el Ejército.
El análisis del ministerio abarca desde el 7 de agosto hasta el 7 de noviembre de 2026. En este intervalo se incluyen ataques recientes, como el ocurrido el 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde un ataque con drones explosivos causó la muerte de tres soldados y dejó 16 heridos. De acuerdo con testimonios y fuentes militares, los agresores llevaron a cabo sobrevuelos de reconocimiento previos al ataque, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de anticipación y reacción de las fuerzas de seguridad y sus sistemas antidrones.
El informe atribuye doce asesinatos y 76 heridos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y diez muertes junto a 52 lesiones a las disidencias de las antiguas Farc. Otros 16 asesinatos y 82 heridos permanecen sin responsables definidos, mientras que tres lesionados han sido vinculados al Clan del Golfo y a la delincuencia común.
Además de los desafíos en materia de seguridad y operaciones militares, las cifras y casos dejan en evidencia la urgencia de fortalecer la inteligencia, los mecanismos de protección antidrones y la seguridad de las unidades militares. Asimismo, se destaca la importancia de brindar apoyo y reconocimiento a las familias de los uniformados golpeadas por la violencia, especialmente aquellas de estratos socioeconómicos bajos que históricamente han aportado el relevo generacional en las filas castrenses.
Estos datos y eventos han generado reacciones en el ámbito político y social. Críticas han recaído sobre la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, quien no cuenta con experiencia en servicio militar pero ha protagonizado actos públicos vistiendo uniformes y realizando demostraciones militares, sin que hasta el momento se observen resultados efectivos en la reducción de la violencia contra los miembros de la Fuerza Pública.
La situación plantea un desafío para el Ministerio de Defensa y las autoridades colombianas para delinear estrategias que disminuyan el impacto de los grupos armados ilegales y mejoren la protección de los soldados y policías, con atención especial al contexto social y económico de quienes prestan servicio en las instituciones.
Redacción ColombiaPrensa
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