COLOMBIA, 13 de noviembre de 2026. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, debido a su negativa inicial a permitir una inspección judicial en las instalaciones del Congreso. Esta diligencia estaba destinada a verificar documentos sobre contratos relacionados con Deicy Jiménez, denunciante que ha implicado al expresidente Gustavo Petro.
La decisión judicial contempla citar a Salamanca para que presente sus descargos y evalúe si su conducta configuró una posible obstrucción a la justicia. En caso de que sus argumentos no sean considerados satisfactorios, la Corte podrá ordenar la compulsa de copias para investigación penal y disciplinaria. En ámbito disciplinario, la sanción puede implicar desde arresto de uno a treinta días, conforme a la normativa vigente.
Investigación y contexto del caso
El proceso que motivó la inspección judicial está vinculado a denuncias de presuntas redes que habrían obtenido contratos estatales a cambio de favores sexuales. El presidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Carlos Roberto Solórzano, ha ratificado que la investigación se centra en el manejo de recursos públicos y la responsabilidad penal derivada de contratos con dineros estatales. También destacó la importancia del estándar ético que deben mantener los servidores públicos en todas sus actuaciones.
Pruebas y avances en la investigación
La investigación avanza en distintas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. Deicy Jiménez ha rendido testimonio y entregado un teléfono celular que, según su declaración, contiene evidencia relacionada con encuentros con el expresidente Petro. Además, se reveló la existencia de un chat donde Petro habría ordenado mantener vigente un contrato de Jiménez con el Ministerio del Interior, lo que fue cumplido posteriormente.
Reacciones políticas
La exsenadora María José Pizarro, quien fue vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, manifestó que conoció a Jiménez como contratista adscrita a la vicepresidencia del Senado y que su vinculación se dio dentro de los parámetros normales de la administración pública, sin conocer antecedentes distintos a su relación laboral. Asimismo, descartó conocer cualquier relación íntima entre Jiménez y el expresidente, describiendo su vínculo con Petro como una relación política y de respeto mutuo.
Este proceso y las diligencias judiciales relacionadas continúan en desarrollo, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, en busca de esclarecer la responsabilidad en el manejo contractual y la posible obstrucción a la justicia.
Redacción ColombiaPrensa
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