COLOMBIA, 13 de noviembre de 2026. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta actuación judicial responde a información remitida por la Fiscalía General de la Nación para su evaluación y posibles etapas procesales.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025, es uno de los hechos judiciales y políticos de mayor impacto reciente en Colombia. La apertura de esta indagación es parte del proceso para esclarecer todas las circunstancias del crimen, incluido el establecimiento de posibles responsables intelectuales, redes de financiación y personas involucradas en la organización del magnicidio.
La Corte Suprema deberá analizar cuidadosamente la información recibida para determinar si existen fundamentos que permitan avanzar a etapas procesales más avanzadas. Es importante destacar que la apertura de la indagación previa no implica responsabilidad ni acusación formal contra los excongresistas vinculados, sino la búsqueda de elementos de juicio que contribuyan a esclarecer los hechos.
Este proceso judicial también ha tomado relevancia tras las solicitudes de investigación exhaustiva planteadas por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien ha pedido que se profundicen las posibles conexiones detrás del asesinato.
Las autoridades judiciales afrontan el reto de determinar quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del crimen, así como identificar a otros posibles implicados. La expectativa nacional está centrada en los resultados que arrojen las investigaciones en curso, que son fundamentales para garantizar justicia y fortalecer la institucionalidad del Estado.
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia continúan recopilando y evaluando la información pertinente para avanzar en este complejo caso, que además de impactar políticamente, supone un desafío para el sistema judicial colombiano en la lucha contra la violencia contra dirigentes políticos.
Redacción ColombiaPrensa
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