Abogados defienden facultad política del presidente De La Espriella en pronunciamiento público

Política

COLOMBIA, 18 de noviembre de 2026. Un debate institucional se ha generado tras la decisión judicial en Medellín de compulsar copias contra el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por los calificativos usados en la presentación pública de presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, en particular, alias ‘Primo Gay’.

Abogados penalistas consultados por este medio aclararon que dichos pronunciamientos del jefe de Estado corresponden a una facultad política amparada por la Constitución colombiana, y no deberían ser considerados como actuaciones judiciales. Según explican los especialistas, la divulgación de resultados operativos de la fuerza pública entra dentro de las competencias directas del presidente en materia de seguridad y orden público.

El abogado Wilson Pulido afirmó que las declaraciones del presidente no vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia ni afectan la dignidad de los involucrados. Resaltó que, conforme al artículo 189 de la Constitución Política, el presidente tiene la encomienda de velar y, en casos necesarios, restablecer el orden público.

Además, Pulido recordó que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) autoriza la difusión pública de las órdenes de captura y detalles relacionados, lo cual legitima la divulgación de estos datos. Indicó que otros mandatarios en Colombia han realizado acciones similares aunque el estilo comunicativo puede variar.

Los juristas consultados sostienen también que la legalidad de una captura judicial depende únicamente del cumplimiento de los requisitos legales durante el procedimiento, no de las declaraciones posteriores hechas por el Ejecutivo. En consecuencia, los calificativos empleados por el presidente en el marco de su función pública corresponden a su posición política y no constituyen una acción judicial o penal.

Esta defensa jurídica surge a raíz de la compulsa ordenada por un juez en Antioquia que atribuye al jefe de Estado un posible incumplimiento judicial por sus manifestaciones, lo que para los penalistas carece de base jurídica sólida.

Este acontecimiento se enmarca en un contexto de amplia discusión sobre los límites y alcances de la comunicación oficial del gobierno en materia de seguridad y justicia, y representa un precedente importante sobre la independencia y competencias entre poderes en Colombia.

Redacción ColombiaPrensa

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