COLOMBIA, 28 de agosto de 2026. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezó un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar, Cesar, para abordar la situación de orden público en varios municipios afectados por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La reunión, convocada la noche del jueves 27 de agosto de 2026, contó con la participación de la cúpula de la Fuerza Pública y autoridades territoriales, con el objetivo de evaluar el panorama de seguridad, intensificar las operaciones y adoptar medidas para proteger a la ciudadanía, resguardar la integridad de policías y soldados, y recuperar el control pleno del territorio.
Según reportes preliminares del Ejército, los grupos armados iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y continuaron usando explosivos lanzados desde drones, modalidad que generó alarma entre los habitantes de la zona rural, quienes evalúan permanecer en sus viviendas o desplazarse a zonas vecinas para alejarse del conflicto.
El presidente De la Espriella ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el departamento del Cesar, luego del ataque con drones que dejó cuatro militares heridos en Pelaya.
El Gobierno nacional ratificó su compromiso para que las organizaciones criminales no intimiden al Estado ni dobleguen a la Fuerza Pública en su misión de garantizar el orden y la tranquilidad en el país.
En la reunión, el presidente también confirmó la reactivación de la política de extradición contra líderes y negociadores vinculados a grupos criminales y armados. Cinco personas, entre ellas integrantes de las disidencias de las Farc, Los Pachenca y el ELN, tendrán sus procesos de extradición definidos con firmeza, marcando una distancia clara respecto a la política de Paz Total impulsada por la administración anterior.
Tres de los señalados ya están en custodia de las autoridades colombianas y serán extraditados una vez se concrete su captura. Los otros dos permanecen prófugos. La decisión establece que las suspensiones de extradición no aplicarán para quienes no acrediten avances verificables en la desmovilización o sometimiento.
El nuevo enfoque, explicó el mandatario, prioriza la legalidad, la autoridad y la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y narcoterrorismo.
De la Espriella expresó que no se encontraron aportes concretos ni verificables al proceso de paz por parte de los extraditados, quienes han continuado delinquiendo y burlándose de la justicia y la sociedad colombiana.
Este cambio representa un enfoque diferente en materia de seguridad y justicia con el que el Gobierno Nacional busca recuperar el control territorial y garantizar la tranquilidad de los colombianos, en línea con sus objetivos institucionales de fortalecer el Estado de derecho y combatir al crimen organizado.
Información recopilada y verificada, con base en la publicación del 28 de agosto de 2026 en Infobae Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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