COLOMBIA, 10 de septiembre de 2026. Un reciente informe del Fondo Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Emergencias, “Educación no puede esperar”, reveló que entre 2024 y 2025 se registraron 9.259 incidentes que afectaron el sector educativo en 28 países, estableciendo un récord global en ataques contra las escuelas y otros espacios relacionados con la educación.
Según el análisis, más de 3.600 de estos ataques fueron directos contra escuelas, resultando en la muerte, heridas o secuestro de más de 10.600 estudiantes y docentes. Además, se señala un incremento significativo en el uso militar de las escuelas, el cual casi se duplicó en comparación con el periodo 2022-2023.
El informe también subraya que las crisis educativas afectan a un total aproximado de 258 millones de niños y adolescentes en 87 países, con 93 millones de ellos fuera del sistema escolar. En Colombia, las barreras socioeconómicas han dejado a 2.2 millones de menores sin acceso a la educación formal.
De acuerdo con la organización, los efectos de estos ataques y las dificultades para el acceso a la escuela impactan de forma más marcada en las poblaciones vulnerables, como niños refugiados, desplazados internos y aquellos con discapacidad, con tasas de no asistencia que alcanzan el 74 %, 52 % y 45 % respectivamente.
Maysa Jalbout, directora del fondo “Educación no puede esperar”, expresó que la negación prolongada de la educación tiene consecuencias profundas, incluyendo la pérdida de habilidades básicas como la lectoescritura y una mayor vulnerabilidad a sufrir abusos.
Paralelamente, el Informe Anual del Secretario General de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados reporta 38.558 violaciones confirmadas contra menores en contextos de conflicto para 2025, siendo las muertes y mutilaciones las más frecuentes, con 14.224 casos. Según este reporte, el Territorio Palestino Ocupado, la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia concentran el mayor número de violaciones graves, destacándose que por primera vez las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de estas infracciones.
El impacto en el aprendizaje se extiende a largo plazo, pues los niños desplazados presentan menor promoción escolar, progreso más lento y desventajas que se prolongan, lo que intensifica el riesgo de abandono escolar. Frente a esta situación, organizaciones internacionales instan a fortalecer las políticas de protección de la educación en zonas de conflicto y a priorizar la recuperación para evitar la pérdida de generaciones enteras de estudiantes.
Estos hallazgos presentan desafíos para los gobiernos y organismos multilaterales, destacando la necesidad de implementar estrategias efectivas que garanticen la seguridad de las infraestructuras educativas y el derecho fundamental a la educación, incluso en contextos de crisis y violencia.
Para más información y novedades sobre políticas educativas y desarrollo social, ColombiaPrensa.com.co continuará siguiendo este tema de relevancia internacional.
Redacción ColombiaPrensa
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