COLOMBIA, 31 de agosto de 2026. En un contexto de creciente violencia en el país y tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de romper diálogo con grupos armados, se registraron dos hechos que marcaron el desarrollo del conflicto armado con disidencias de las FARC y otros grupos ilegales.
Este domingo se confirmó el secuestro de un militar colombiano que actúa para la legión francesa, identificado como José Olger Melo Charry. Melo, de entre 34 y 35 años, fue capturado el 6 de agosto en una carretera del departamento de Nariño, situado en el suroeste del país y fronterizo con Ecuador, zona controlada por grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
El Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, se atribuyó el secuestro y aseguró que Melo permanece en buen estado de salud y ha recibido atención médica y alimentación adecuada. El militar francés tenía autorización para permanecer en territorio metropolitano de Francia, pero no para viajar a Colombia, según informó el Ministerio de Defensa de Francia.
Melo había llegado a Colombia un día antes de su captura y viajaba acompañado de una mujer que fue retenida temporalmente, pero liberada horas después. La disidencia comandada por alias “Iván Mordisco”, uno de los guerrilleros más buscados, condicionó la seguridad del rehén al cese de operaciones militares en su zona y advirtió sobre amenazas en caso de rescate armado por parte del gobierno.
Desde su posesión el 7 de agosto, el presidente De la Espriella ha implementado una línea dura contra los grupos armados ilegales, autorizando bombardeos en zonas de influencia narcotraficante. En la madrugada del pasado jueves 28 de agosto, un bombardeo aéreo en el departamento del Guaviare terminó con la muerte de diez personas, entre ellas tres menores de edad, confirmó Medicina Legal sin precisar las edades exactas. El Ministerio de Defensa señaló que dos de los menores contaban con 15 años y uno con 16.
Este ataque representa el segundo bombardeo ordenado por el actual gobierno y se dirige contra integrantes de una disidencia de las FARC que rechazó el acuerdo de paz firmado en 2016. Colombia registra una preocupante cifra de casos de reclutamiento de menores por parte de estos grupos armados, con 428 reportes durante el año pasado según la Defensoría del Pueblo.
Las autoridades colombianas y francesa mantienen seguimiento sobre la situación del militar retenido, mientras que la escalada de violencia evidencia los desafíos que enfrenta el Gobierno para garantizar seguridad y avanzar en procesos de paz. La disidencia del EMC responsabilizó al presidente de cualquier intento militar que ponga en riesgo la vida del rehén y advirtió sobre represalias ante acciones militares hostiles.
Estas circunstancias agravan la crisis humanitaria en las regiones afectadas, ubicadas en uno de los corredores con mayor presencia de actores armados ilegales y actividades ilícitas, complicando además las relaciones bilaterales en el marco regional con Ecuador.
La información ha sido recopilada de la agencia internacional Primicias y declaraciones oficiales del Ejército francés y colombiano.
Redacción BusinessCol
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