COLOMBIA, 31 de agosto de 2026. La estabilidad en la expedición de pasaportes en Colombia enfrenta una compleja situación institucional y financiera. En el centro de esta controversia se encuentra un convenio valorado en cerca de $1,3 billones suscrito entre la Cancillería y la entidad portuguesa Imprensa Nacional-Casa da Moeda, cuyo futuro está siendo evaluado por el Consejo de Estado. La alta corte revisa una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación que cuestiona la continuidad de dicho acuerdo.
El Consejo de Estado debe decidir si permite que se sigan realizando los pagos correspondientes al convenio mientras se mantiene la investigación sobre su legalidad. La Procuraduría ha planteado que la vigencia temporal del contrato no debe impedir que se suspenda un acuerdo que aún no ha demostrado su adecuado cumplimiento y legalidad.
Desde la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, se ha defendido la modalidad de operación del contrato, argumentando que ya se han expedido más de 383.000 libretas de pasaportes en suelo colombiano bajo este esquema. Sin embargo, un fallo que suspenda los pagos podría generar un vacío operativo crítico, debido a que la infraestructura del operador anterior, Thomas Greg & Sons, ya no está disponible para retomar el servicio.
Alerta financiera y situación de la Imprenta Nacional
En paralelo, la Contraloría General de la República emitió una señal de alarma sobre la situación económica de la Imprenta Nacional de Colombia. La entidad de control fiscal ha advertido que el contrato firmado para la producción de pasaportes contempla la compra de un mínimo de 1,5 millones de libretas anuales, cada una con un costo cercano a 17 euros, lo que podría implicar un compromiso financiero estimado en aproximadamente 255 millones de euros durante 2026. Sin embargo, el acuerdo carece de un margen de utilidad real para la empresa estatal.
Esta dinámica financiera pone en riesgo la sostenibilidad patrimonial de la Imprenta Nacional, que presenta pérdidas sustanciales reflejadas en un descalabro en sus finanzas: pérdidas de $8.225 millones en 2024 y $3.847 millones en 2025. Además, la promesa inicial de transferencia tecnológica ha sido puesta en duda por la falta de garantías claras que aseguren beneficios reales para fortalecer la infraestructura y capacidades de la entidad estatal a largo plazo.
Desafíos para la administración y posibles escenarios
El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, enfrenta un reto significativo para resolver esta compleja situación que involucra aspectos judiciales, financieros y operativos. La decisión que tomen las autoridades será determinante para la continuidad del modelo actual de producción de pasaportes, la protección de la soberanía de los datos nacionales y la garantía a los ciudadanos sobre un servicio esencial.
Entre las opciones que se evaluarán está la posibilidad de renegociar el convenio con los socios internacionales, ajustar las condiciones operativas para mejorar la sostenibilidad financiera o implementar un plan de contingencia que minimice el impacto en los usuarios. Todo ello bajo la necesidad de evitar que la crisis financiera de la Imprenta Nacional se profundice y que la prestación del servicio se vea interrumpida.
La definición del futuro de este acuerdo será clave para asegurar la estabilidad en la emisión de pasaportes y la correcta administración de los recursos públicos destinados a esta función del Estado.
Esta información ha sido consultada a partir del reporte original publicado por 360Radio el 29 de agosto de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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