COLOMBIA, 16 de julio de 2026. La Contraloría General de la República emitió una alerta por la baja ejecución de los recursos asignados para atender la emergencia económica declarada por el frente frío que afectó a ocho departamentos del país. Cinco meses después de la expedición del Decreto 0150 de 2026, que estableció la emergencia, el ente de control destacó que, aunque el Gobierno recaudó 7,59 billones de pesos mediante el impuesto al patrimonio y otras medidas tributarias, la inversión efectiva de estos recursos aún es insuficiente.
Hasta el 18 de junio, la Contraloría informó que la suma recaudada representa el 87,5% de la adición presupuestal aprobada dentro del marco de la emergencia, sin embargo, advirtió que no cubrió los 8,68 billones de pesos adicionados al Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta situación genera un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año.
El organismo también señaló que, a pesar de que los recursos se incorporaron al presupuesto y se dispusieron para diferentes sectores, no se ha registrado una ejecución efectiva en obligaciones y pagos por parte de las entidades responsables. En particular, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en fase de estructuración de convenios, lo que ha retrasado el inicio de obras destinadas a la recuperación de los territorios afectados por las lluvias y las inundaciones.
Adicionalmente, la Contraloría destacó que la asignación de recursos presenta una ejecución nula en sectores como transporte, ambiente, minas y energía, salud, bomberos, Prosperidad Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, reportó faltas de obligaciones y pagos en los ministerios de Vivienda y Educación, aunque estas carteras han avanzado en la expedición de certificados.
El ente de control hizo énfasis en la ausencia de un Plan de Acción Específico por parte del Gobierno Nacional, el cual debería incorporar acciones, cronogramas y definir responsabilidades para la ejecución integral de las medidas ante la emergencia. Esta falta dificulta el seguimiento oportuno a la ejecución de los recursos públicos y la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.
Por esta razón, la Contraloría solicitó que se agilice la formalización de los convenios pendientes para garantizar la ejecución oportuna de las inversiones y asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas. Este llamado busca optimizar el impacto de las medidas adoptadas frente a los daños ocasionados por la emergencia invernal.
Cabe recordar que, a pesar de las demandas presentadas, la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó la exequibilidad de la emergencia económica declarada por el frente frío a finales de junio. De esta manera, el estado de excepción ampara solo a 181 municipios en riesgo, previamente identificados por la UNGRD. Sin embargo, excluyó medidas relacionadas con la crisis financiera de empresas de energía, facultades en deslinde de tierras y la actualización de planes de manejo de cuencas hidrográficas.
Redacción ColombiaPrensa
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