COLOMBIA, 29 de julio de 2026. La Corte Suprema de Justicia emitió una orden para que los fondos de pensión en Colombia refuercen sus controles internos con el fin de proteger los ahorros de los afiliados y responder por retiros irregulares. Esta medida surge a raíz de un fallo judicial que tomó como caso emblemático un retiro fraudulento de más de 1.850 millones de pesos por parte de una persona que no contaba con la debida autorización.
El alto tribunal analizó una situación en la que un afiliado le otorgó un poder especial a su hermana para administrar sus recursos. Este poder tenía vigencia hasta el momento de su fallecimiento, pero la entidad administradora permitió el retiro total de los fondos incluso después de que dicho poder había caducado. La familia del afiliado impugnó esta acción, argumentando que los recursos debían formar parte de la masa hereditaria.
Tras comprobar que la hermana realizó el retiro sin autorización válida, la Corte Suprema ordenó que el fondo devolviera la totalidad del dinero con los intereses correspondientes y pagara una indemnización a la familia por la falta de controles adecuados. Además, estableció que los fondos deben implementar un régimen de responsabilidad objetiva, lo que implica que asumirán responsabilidad cuando se presenten fraudes o retiros indebidos derivados de fallas en sus procesos de supervisión y seguridad.
La sentencia SC148-2026 enfatiza que las administradoras de fondos de pensión deben adoptar controles comparables a los de las entidades financieras, dada la confianza que les otorgan los afiliados y la sociedad. Entre las recomendaciones está la verificación estricta de la vigencia de documentos como poderes especiales y la adopción de procedimientos que despierten alertas ante solicitudes irregulares.
El fallo destaca además que la solicitud de retiro, en este caso, no generó alerta por parte del fondo, a pesar de tratarse del retiro total de una inversión acumulada durante más de diez años. La Corte resaltó la obligación de las administradoras de proteger los recursos y cuestionó la falta de estrategia para retener al cliente o validar la solicitud en detalle.
Con esta decisión, la Corte Suprema busca fortalecer la protección del sistema pensional y garantizar que los recursos de los afiliados no sean objeto de retiros fraudulentos o sin la autorización requerida, salvaguardando así el derecho al ahorro para la vejez de los colombianos y promoviendo mayores estándares de responsabilidad y control en las entidades que administran estos fondos.
Redacción ColombiaPrensa
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