COLOMBIA, 26 agosto de 2026. El Ministro del Interior, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta misma semana operativos de deportación contra migrantes irregulares en Colombia, una medida que ha generado preocupación en la comunidad venezolana, la mayor población migrante del país. Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, de la Espriella declaró que los migrantes ilegales que se encuentren cometiendo delitos o sin su situación regularizada deberán ser deportados, lo que marca un endurecimiento en la política migratoria colombiana, especialmente frente a la migración venezolana.
El anuncio refleja un discurso que vincula migración con criminalidad, algo que ha sido característico de gobiernos de ultraderecha en la región. Sin embargo, esta postura fue matizada de inmediato por el actual ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aclaró que la orden no aplica a los venezolanos que cuentan con el Permiso Especial de Protección Temporal (PPT), amparados por el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos, mecanismo implementado durante el gobierno previo para regularizar casi dos millones de migrantes y otorgarles acceso a servicios básicos y seguridad social.
La vigencia de este estatuto concluyó en noviembre de 2023 y durante el gobierno de Gustavo Petro no se implementaron mecanismos efectivos para continuar regularizando a nuevos o actuales migrantes en condición irregular. Según datos de Migración Colombia, aproximadamente 850.000 venezolanos permanecen sin estatus migratorio definido, distribuidos entre irregulares y aquellos en proceso de regularización, población que representa una cifra equiparable a la sexta ciudad más grande del país.
Expertos como Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indican que el proyecto de deportación de Abelardo de la Espriella resulta impracticable debido a la extensa y difícil frontera colombo-venezolana, la cual abarca 2.200 kilómetros con diferentes condiciones geográficas y sociales, además de que la responsabilidad criminal atribuida a migrantes no se correspondería con la realidad, dado que solo menos del 6% de la delincuencia estaría relacionada con esta población.
Además, existe una complejidad añadida en cuanto a los 193.213 menores de edad venezolanos que no cuentan con un estatus migratorio oficial, lo que les impide acceder a educación y aumenta su vulnerabilidad ante la delincuencia, subrayó Rodríguez. Por su parte, Paula Andrea Jiménez, periodista experta en migración, destacó las dificultades que tienen las familias para regularizarse debido a brechas digitales, pérdida de documentos o situaciones familiares mixtas con diferentes estatus migratorios.
La Fundación Juntos Se Puede, organización de apoyo a migrantes venezolanos, ha solicitado un diálogo para atender el vacío en las políticas migratorias recientes y evitar la persecución de quienes no han podido regularizarse debido a la inexistencia de mecanismos efectivos. El gobierno colombiano enfrenta el reto de balancear la seguridad nacional con la protección de derechos humanos y la integración de la mayor comunidad migrante extranjera del país.
Redacción ColombiaPrensa
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