COLOMBIA, 25 de septiembre de 2026. La Defensoría del Pueblo presentó un Informe de Contraste al XX Informe del Gobierno nacional que evidencia una persistente vulneración de derechos humanos en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, situación que configura una crisis humanitaria en los establecimientos de reclusión del país.
El reporte se elaboró a partir de visitas de inspección realizadas en el primer semestre de 2026 a 30 establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron) y 94 centros de detención transitoria (CDT), incluidas 1.015 entrevistas en CDT y 357 en Eron.
Hacinamiento y deficiencias estructurales en los establecimientos
El hacinamiento continúa siendo el problema de mayor gravedad en los Eron, con solo un 1 % de las celdas cumpliendo el área mínima establecida por el Plan Maestro del Gobierno. Además, apenas un 1 % de avance se registra en componentes estructurales esenciales de la Fase 2 para nuevos establecimientos, como tanques de agua y plantas de tratamiento.
Acceso limitado a servicios de salud
El informe revela que el 16 % de las personas privadas de la libertad entrevistadas no recibió valoración médica o la obtuvo con retraso. En cuanto a atención en salud menstrual, únicamente el 24,2 % de mujeres y personas menstruantes reportó haberla recibido. La mayoría de los establecimientos cuenta con médico 24 horas, aunque la cantidad de profesionales y el acceso a medicamentos son insuficientes.
Crisis alimentaria y condiciones insalubres
La alimentación es uno de los temas más críticos; el 57,4 % de la población entrevistada recibió alimentos crudos y el 70,3 % reportó que la comida llegó a medio cocinar. Se denunciaron contaminantes en los alimentos, incluyendo insectos, tierra y heces de roedores.
Resocialización y condiciones laborales precarias
De las 5.269 personas vinculadas a trabajos penitenciarios, solo 702 tienen contratos formales, lo que expresa precarias condiciones laborales e indica deficiencias en los procesos de resocialización.
Acceso obstaculizado a la justicia
El 15,1 % de las audiencias programadas fueron aplazadas, principalmente por deficiencias en el sistema judicial y falta de personal de custodia para traslados. Además, un 10,4 % de las personas encuestadas informó que audiencias se perdieron por la ausencia de custodios.
Interrupciones en servicios públicos básicos
El 57,7 % de los establecimientos reportó cortes de agua y más del 80 % sufrió interrupciones en el suministro eléctrico en los últimos seis meses. El acceso a internet estuvo disponible sin interrupciones solo en un 19,2 % de los Eron.
Enfoque de género insuficiente
Entre mujeres, hombres trans y personas no binarias entrevistadas, el 24,2 % informó haber recibido valoración de salud menstrual al ingreso, sin que existan valoraciones periódicas obligatorias. El 78 % indicó que las toallas sanitarias suministradas son insuficientes, y el 61,5 % debe recurrir a donaciones o compras.
Crisis en centros de detención transitoria
En los CDT, el modelo de detención presenta un cuadro crítico de abandono: solo el 6,3 % de personas cuentan con cama o planchón; la mayoría duerme en el piso o hamacas. La ventilación e iluminación son insuficientes en gran parte de estos centros, y el 84,8 % de detenidos nunca tiene acceso a actividades recreativas ni al sol, además de que la comunicación con familiares es limitada o inexistente.
La provisión de atención en salud es insuficiente: el 35,2 % de quienes solicitaron atención médica no la recibió. En varios CDT la tasa de rechazo alcanza el 100 % por falta de profesionales, custodia y transporte. La alimentación es precaria y depende en gran medida de las familias, sin un modelo unificado de responsabilidad institucional.
Se reportan tratos crueles, inhumanos o degradantes, con un 10,6 % de personas entrevistadas manifestando haber sufrido maltrato físico o verbal; sin embargo, solo una mínima proporción ha presentado denuncias formales.
Recomendaciones para la superación del estado de cosas inconstitucional
La Defensoría del Pueblo plantea diversas recomendaciones para enfrentar la crisis, entre ellas la sincronización de sistemas de información para mejorar el seguimiento, la humanización de la pena desde un enfoque de mínima intervención penal, la corresponsabilidad territorial con recursos presupuestales específicos, y la reconfiguración presupuestal para mejorar infraestructura y servicios médicos.
Asimismo, destaca la necesidad de reforma al Sistema General de Participaciones para incluir recursos para el sistema carcelario, planes de contingencia para la alimentación en CDT dada la finalización de la intervención de la Uspec, y la creación de sistemas tecnológicos robustos para el registro de la población privada de la libertad.
El informe completo se encuentra disponible en el sitio web de la Defensoría del Pueblo y forma parte del seguimiento al proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano.
Redacción ColombiaPrensa
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