COLOMBIA, 25 de julio de 2026. La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su directora Iris Marín Ortiz, ha exigido a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para atender la creciente ola de feminicidios que ha afectado al país en los últimos días. La entidad hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención, búsqueda e investigación respecto a estos crímenes contra la vida y la integridad de las mujeres.
El reclamo se produce luego de que se reportaran al menos cuatro feminicidios recientes en diversos lugares del territorio nacional. Entre ellos, el caso de María Camila Potosí en Cali (Valle del Cauca), una mujer embarazada de ocho meses, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia y sin rastro del bebé que esperaba. También figuran los homicidios de María Alejandra Castaño en Líbano (Tolima), Herianny Montilla, adolescente de 16 años en Barranquilla (Atlántico), y Yasleidis Martínez en Valledupar (Cesar).
La Defensoría calificó estos casos como una manifestación extrema de violencia de género y subrayó la necesidad de que las autoridades activen con prontitud todos los mecanismos de búsqueda e investigación, especialmente en casos de desaparición, para evitar la materialización de feminicidios, violencias sexuales y trata de personas. En particular, solicitó una investigación especial sobre la desaparición del bebé que María Camila Potosí llevaba en su vientre y urgió a esclarecer integralmente los hechos, sin descartar ninguna hipótesis.
Sobre el crimen de Herianny Montilla, la institución pidió a la Fiscalía investigar, juzgar y condenar a los responsables, enfatizando en la importancia de reconstruir no solo el momento del asesinato sino también los contextos y factores de riesgo que antecedieron el hecho, avanzando en un análisis profundo de patrones de violencia y posibles redes criminales involucradas.
La entidad resaltó que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno fortuito, sino anticipable y prevenible. Suele estar precedida por patrones de control, amenazas, agresiones y otras formas de violencia que restringen la autonomía femenina. Por ello, es indispensable identificar e interrumpir estas dinámicas desde sus primeras señales para evitar daños irreparables.
Asimismo, la Defensoría advirtió sobre la necesidad de evitar interpretaciones que reduzcan estos hechos a conflictos aislados o situaciones de intolerancia, abogando por un enfoque que examine correlaciones con otros delitos y estructuras de macrocriminalidad, que puedan estar detrás de las agresiones.
Finalmente, la institución hizo un llamado urgente a la Fiscalía y demás entes a garantizar que las investigaciones avancen de forma pronta, exhaustiva e imparcial, estableciendo responsabilidades y fortaleciendo capacidades institucionales para la prevención de futuras violencias contra las mujeres. También invitó a revisar y mejorar los mecanismos de protección y búsqueda para mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, asegurando respuestas coordinadas que respeten la perspectiva de género y los derechos humanos.
La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, destacando que ninguna mujer debe ser asesinada por su condición de género y que la protección efectiva requiere actuar frente a las primeras señales de riesgo.
Redacción ColombiaPrensa
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