COLOMBIA, 27 de julio de 2026. Hernando Deluque, exgobernador del departamento de La Guajira y padre del senador Alfredo Deluque, se entregó en la ciudad de Riohacha tras quedar en firme una condena de siete años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
La condena del máximo tribunal se confirma por irregularidades en un contrato celebrado durante su mandato entre 2001 y 2003. En 2001, Deluque suscribió un acuerdo entre la Gobernación y la Unión Temporal CV-IGG Ltda por un valor de 2.100 millones de pesos para ejecutar obras de mejoramiento en el acueducto y alcantarillado de Riohacha.
De este contrato se giró un anticipo superior a 1.059 millones de pesos, sin embargo, la obra nunca fue finalizada. La ejecución se suspendió luego de detectarse que el contrato carecía de licencia ambiental, no se realizó la entrega formal de los terrenos por parte de la alcaldía de Riohacha, y tampoco se efectuó la consulta previa requerida con las comunidades indígenas de la zona.
En la decisión judicial se destaca que Deluque, con conocimiento de estas evidentes irregularidades, autorizó la celebración del contrato, el desembolso del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin las condiciones legales mínimas, lo cual llevó a la suspensión inmediata de la obra y al detrimento patrimonial por la pérdida del dinero público invertido.
El fallo condenatorio que sanciona a Hernando Deluque es por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esta decisión se mantuvo después de que insistentes recursos legales presentados por el exgobernador fueran negados, incluido un incidente de casación declarado improcedente.
La detención ocurrió tras un proceso de entrega coordinada y responde a la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Esta noticia genera un fuerte impacto en el ámbito legal y político, dado que Hernando Deluque es el padre del senador Alfredo Deluque, quien recientemente estuvo a pocos votos de presidir el Congreso de la República.
Las autoridades judiciales mantienen la firmeza en el cumplimiento de las sanciones para casos de corrupción y malos manejos en la contratación pública, reforzando los mecanismos de control y la responsabilidad penal de los exfuncionarios que han cometido irregularidades durante su administración.
Este caso evidencia la importancia de respetar los requisitos legales en los procesos contractuales del sector público, en especial en territorios con población indígena y normativas ambientales que deben cumplirse estrictamente para garantizar la legalidad y transparencia en la inversión de recursos públicos.
Redacción BusinessCol
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