COLOMBIA, 29 de julio de 2026. La Fiscalía General de la Nación informó sobre una decisión judicial que impacta el proceso relacionado con Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, en el marco de una polémica vinculada a interceptaciones ilegales y falsificación de documentos en una investigación contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia.
Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad otorgado a Óscar Leandro Mojica Cordón, capitán de la Policía Nacional y jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá en el momento de los hechos. Con este principio, se suspende por un año la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones en su contra, a cambio de su colaboración con la Fiscalía mediante la entrega de información y testimonio sobre el caso.
La Fiscalía señaló que Mojica Cordón habría participado en la falsificación de informes y formatos de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para las interceptaciones ilegales a la exempleada de Sarabia y su círculo cercano bajo la fachada de investigaciones contra el Clan del Golfo. No obstante, el proceso penal contra el oficial continúa por otros delitos, como fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.
Esta noticia genera nuevos vaivenes en un caso marcado por la muerte del coronel Óscar Dávila, jefe del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia, encontrada sin vida en junio de 2023. Desde ese momento, algunas versiones han puesto en duda el dictamen oficial de suicidio, especialmente después de declaraciones polémicas recientes de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien afirmó que varios policías consideran que la muerte no fue suicidio y advirtieron que se tenga cuidado con el esclarecimiento del hecho.
El caso ha generado un debate público intenso, con solicitudes como la de la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien pidió una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Rodríguez, calificándolas de calumniosas y afirmando su respeto por la vida como eje de su política durante su administración.
Además, el proceso judicial en torno a Laura Sarabia ha tenido novedades en materia de representación legal. Después de tres años, Mauricio Pava dejará de ser el abogado de Sarabia y su nuevo defensor será el exfiscal general Mario Iguarán, lo que podría marcar una nueva etapa en la defensa de la embajadora.
El escándalo que rodea a Laura Sarabia se originó en parte por un maletín con dólares desaparecido de su residencia, y por las interceptaciones telefónicas ilegales que involucraron a Marelbys Meza en el contexto de investigaciones a miembros del crimen organizado. Estos hechos han mantenido la atención judicial y mediática sobre el círculo cercano de la embajadora y el manejo de la seguridad dentro del Gobierno colombiano.
En suma, la reciente decisión de la Fiscalía y el contenido del principio de oportunidad para el capitán Mojica Cordón ofrece a la institución un testimonio clave para adelantar la investigación, aunque el proceso continúa y se mantienen múltiples diligencias en curso para esclarecer la verdad en este controvertido caso.
La coyuntura judicial se suma al periodo de transición política en Colombia, ya que el Gobierno de Gustavo Petro está próximo a concluir el 7 de agosto, lo que añade un contexto de especial seguimiento público y político a las acciones de los organismos de justicia.
Redacción ColombiaPrensa
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