COLOMBIA, 11 de agosto de 2026. El gobierno nacional anunció la declaración de emergencia económica y social para atender las secuelas del terremoto de magnitud 7.4 que impactó el occidente del país, afectando principalmente a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que esta medida permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y movilizar recursos de manera ágil para la atención de las víctimas y damnificados.
Adicionalmente, el ministro Gómez Martínez informó sobre la activación de un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial, que podría estar disponible al final de la semana si se oficializa la declaratoria de emergencia. Este crédito se suma a la declaración de desastre nacional por el terremoto, que ha dejado hasta el momento 224 muertos y una cifra estimada de entre mil y tres mil personas desaparecidas, pendiente de aclararse por las autoridades.
Mecanismos y alcance de la emergencia económica
La declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica es un mecanismo temporal previsto en el artículo 215 de la Constitución, que requiere la firma del presidente Abelardo De La Espriella y todos los ministros para su oficialización. Esta situación excepcional se declara normalmente en contextos de calamidades públicas y es posteriormente revisada por la Corte Constitucional, la cual define la legalidad y continuidad de la medida.
La emergencia económica tiene una duración máxima inicial de 30 días y no puede extenderse más allá de 90 días en un mismo año. Durante este periodo, el gobierno obtiene facultades especiales que incluyen la expedición de decretos con fuerza de ley, la creación de impuestos transitorios y la adquisición de créditos externos para responder con mayor celeridad a la situación presentada, en este caso, frente a los efectos del terremoto.
Acciones del gobierno para mitigar el impacto del terremoto
El presidente Abelardo De La Espriella enfrentó el terremoto, el más fuerte en Colombia en la última década, con varias medidas inmediatas anunciadas desde Quibdó, en Chocó. Entre ellas, se destaca el otorgamiento de subsidios para arriendo a las personas que perdieron sus viviendas, un programa que será implementado por el Ministerio de Vivienda, liderado por Jaime Andrés Beltrán.
Asimismo, se enviaron equipos de rescatistas y tropas de la Fuerza Pública al departamento de Valle del Cauca, otro de los territorios afectados. El gobierno también declaró el desastre nacional, un estatus que puede tener vigencia de hasta un año y que habilita al Ejecutivo para emitir circulares o resoluciones orientadas a la atención inmediata de las afectaciones.
Bajo esta declaratoria y en el marco de la emergencia, el gobierno designó a David Tamayo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). También se espera que la administración coordine con el Ministerio de Hacienda la solución a la liquidez necesaria y active estrategias nacionales de respuesta junto a los consejos departamentales de riesgo en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.
Estas acciones marcan la primera gran prueba para la administración de De La Espriella, quien asumió el poder recientemente y debe enfrentar una de las mayores emergencias en la historia reciente del país.
Redacción ColombiaPrensa
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