COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno nacional anunció medidas claras para enfrentar posibles hechos violentos en las movilizaciones que se desarrollarán durante la segunda semana de octubre, enfatizando la defensa del derecho a la protesta pacífica y la actuación oportuna frente a conductas que alteren el orden público.
Durante un consejo de seguridad en Cali, en el que participaron los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y TIC, se establecieron coordinaciones para anticipar escenarios de riesgo y prevenir bloqueos o alteraciones, especialmente en el suroccidente colombiano. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, comunicó la implementación de la reforma al decreto 003, que regula la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.
Lara manifestó: “Respeto profundo por la protesta pacífica, cero tolerancia con la violencia”, reafirmando la intención del Gobierno de garantizar el derecho a manifestarse, mientras se interviene en casos de violencia.
Medidas enfocadas en zonas críticas del suroccidente
El plan contempla vigilancia especial sobre Cali, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Nariño, por ejemplo, se monitorea el sector de Remolinos en Taminango para evitar bloqueos, acompañando también a otras zonas de Túquerres y vías hacia Ecuador. En Cauca, el seguimiento incluye movilizaciones indígenas, con especial atención en la preservación de la circulación por la carretera Panamericana, corredor vital para el transporte regional.
El Gobierno busca anticiparse a cualquier situación que pueda afectar la movilidad, el abastecimiento y la seguridad sin desconocer la legítima protesta ciudadana.
Definición de conductas para la intervención policial
La reforma al decreto 003, firmada el 9 de octubre, establece criterios para diferenciar entre manifestaciones pacíficas y actos que ameritan la intervención de la Fuerza Pública. Según Lara, entre las conductas consideradas violentas se encuentran agresiones físicas, lanzamiento de objetos contundentes, retención de personas e instrumentalización de menores en acciones violentas.
Además, el documento delimita comportamientos que no constituyen violencia ni delitos, para evitar restricciones injustificadas a las manifestaciones pacíficas. Un aspecto clave del decreto es la identificación de ocho causales que permiten considerar agotado el diálogo, incluyendo bloqueos a misiones médicas, afectación de servicios públicos, desabastecimiento, porte o uso de armas, y agresiones a personal médico o periodistas.
Procedimiento gradual para la actuación de la Fuerza Pública
La norma determina un procedimiento escalonado para manejar situaciones conflictivas en las protestas. Primero, gestores de convivencia intentarán facilitar el diálogo; seguido por la mediación directa con manifestantes. Si la violencia persiste, se podrá aplicar medidas de disuasión desde el Puesto de Mando Unificado, y en última instancia, intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad.
Respecto a los bloqueos viales, el ministro aseguró que se habilitarán corredores humanitarios para garantizar el paso de personas que requieran atención o asistencia, subrayando que “un bloqueo eterno y total de una carretera es impensable en una sociedad democrática”.
Respuesta a cuestionamientos sobre la reforma
Algunos sectores de oposición han cuestionado la reforma por considerar que puede restringir la protesta social. Rodrigo Lara defendió la necesidad de precisar las reglas para responder a hechos violentos y aseguró que la norma no es autoritaria, comparándola con regulaciones similares vigentes en países como España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.
El ministro afirmó que el decreto busca “ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, y reiteró que la implementación de estas medidas busca garantizar la seguridad sin afectar el derecho constitucional a la protesta pacífica.
La aplicación del decreto 003 tendrá especial importancia durante las jornadas de movilización previstas, con una atención prioritaria a las regiones del suroccidente colombiano, un reto para el Gobierno en el equilibrio entre seguridad y derecho ciudadano.
Redacción ColombiaPrensa
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