COLOMBIA, 12 de agosto de 2026. El Gobierno nacional dio a conocer la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030, que orienta la acción estatal con el propósito central de recuperar el control legítimo en el territorio nacional ante el incremento significativo de las amenazas criminales que afectan al país.
Esta política responde a un contexto marcado por un deterioro sin precedentes en el orden público, donde los Grupos Armados Organizados (GAO) han aumentado su capacidad criminal en un 125 % y se han consolidado en más del 57 % de los municipios colombianos. Asimismo, se reportó un incremento del 54 % en los cultivos de coca, fenómeno que fortalece las economías ilícitas detrás de la violencia y la erosión de la gobernabilidad territorial.
Restablecimiento del control territorial y fortalecimiento institucional
El diseño de la política enfatiza la necesidad de recuperar la autoridad legítima en el territorio mediante la integración de la fuerza pública con la persecución penal y la institucionalidad reforzada, complementada con una cooperación internacional renovada, especialmente con aliados estratégicos como Estados Unidos.
En tal sentido, se implementarán las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres), donde se llevarán a cabo campañas coordinadas de orden militar, policial y multisectorial para recuperar y estabilizar los territorios afectados por la criminalidad. Paralelamente, se activarán los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu) en alianza con las alcaldías, con el fin de reducir delitos como homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico y microtráfico, así como los que impactan la soberanía ambiental y la convivencia.
Impacto en la sociedad y desarrollo económico regional
La estrategia propone que el restablecimiento de la presencia estatal contribuye a generar condiciones de seguridad que permitan el retorno de la institucionalidad, la confianza ciudadana y el desarrollo económico local. La protección de la población y la defensa de infraestructuras críticas serán prioritarias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y fomentar las inversiones en las regiones.
Además, se destaca el compromiso con los principios de necesidad, legalidad, distinción, precaución y proporcionalidad en las operaciones de la fuerza pública, procurando siempre la efectividad operativa y el respeto al Estado social de derecho. Cada acción se orientará a afectar las capacidades financieras, logísticas y operacionales del crimen organizado para facilitar su judicialización y evitar la impunidad.
Cooperación internacional y liderazgo regional
En el ámbito internacional, Colombia buscará recuperar el liderazgo regional mediante el fortalecimiento de alianzas estratégicas, particularmente con Estados Unidos. Parte fundamental de esta cooperación será la adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), iniciativa transnacional para enfrentar el crimen organizado.
Esta política reconoce también el papel fundamental que desempeñan los reservistas y veteranos de la fuerza pública, cuya experiencia y compromiso son considerados patrimonio estratégico de la nación, en la operación e implementación de esta hoja de ruta para la seguridad.
Finalmente, el éxito de la política se medirá en la reducción efectiva de delitos como el homicidio, la extorsión y el narcotráfico, así como en el cierre gradual de brechas estratégicas, tecnológicas y jurídicas que afecten la capacidad de la fuerza pública para cumplir con su misión constitucional.
La agenda trazada por la administración para el periodo 2026-2030 manifiesta la convicción de actuar con determinación e integridad para recuperar a Colombia, garantizando un Estado que protege, gobierna y transforma en pro del bienestar y prosperidad de su población.
Esta información fue publicada originalmente en Semana (https://www.semana.com/opinion/articulo/recuperar-a-colombia-el-camino-hacia-la-patria-milagro/202622/).
Redacción ColombiaPrensa
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