COLOMBIA, 29 de julio de 2026. Los ministerios de Hacienda y del Interior radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica que busca reglamentar la distribución de competencias y recursos entre la Nación, los departamentos, municipios y territorios indígenas, en el marco de la descentralización administrativa y financiera del país. Esta iniciativa pretende hacer operativa la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada por el Legislativo en 2024, que establece un aumento gradual de recursos para las entidades territoriales.
El proyecto, consignado en un documento de 356 páginas y 176 artículos, propone que en un plazo máximo de 12 años el SGP alcance el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, frente al 29,5 % que representa actualmente. Este incremento de 10 puntos porcentuales se distribuirá equitativamente a lo largo de ese periodo, con una revisión puntual en 2027 según el recaudo efectivo del año 2026, conforme al artículo 27 del texto.
En cuanto a la distribución de los recursos, el artículo 29 establece que el 96 % del “SGP primario” se destinará a cuatro sectores prioritarios: 58,5 % para educación, 24,5 % para salud, 11,6 % para propósitos generales de las entidades territoriales, y 5,4 % para agua potable y saneamiento básico. El saldo del 4 % se asignará a fines específicos, incluyendo un 2,9 % para el Fonpet – destinado a cubrir pasivos pensionales –, 0,52 % para resguardos indígenas legalmente constituidos, 0,5 % para el Programa de Alimentación Escolar en municipios y distritos, y 0,08 % para municipios ribereños al río Grande de la Magdalena, asignados en proporción a su extensión territorial.
Adicionalmente, el artículo 30 del proyecto regula el uso del aumento anual del SGP conforme se avance hacia la meta del 39,5 %, reservando inicialmente un 1 % para los resguardos indígenas y un 5 % para un fondo dedicado a la supervisión y control del gasto territorial. Del remanente, el 80 % se enfocará en cerrar brechas en salud, educación, agua y saneamiento, mientras que el 20 % será distribuido entre municipios, distritos y departamentos para apoyar el desarrollo económico local.
Este proyecto de ley es la segunda presentación en la nueva legislatura, luego de que una propuesta anterior radicada en diciembre de 2025 no prosperara. La iniciativa cuenta con el respaldo de varios parlamentarios, gobernadores y alcaldes que consideran este paso fundamental para cumplir con los postulados de descentralización establecidos en la Constitución de 1991. Sin embargo, también ha suscitado críticas de economistas y centros de investigación que advierten posibles riesgos para la sostenibilidad fiscal del Estado y cuestionan si la ley realmente transferirá competencias significativas a las regiones o si se limitará a la asignación presupuestal.
El Gobierno responde que esta ley es clave para avanzar en la autonomía financiera de las entidades territoriales, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales y fortalecer la gestión regional. El seguimiento al trámite legislativo será decisivo para definir la forma final de la descentralización y el impacto en el presupuesto nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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