COLOMBIA, 8 de septiembre de 2026. Un tribunal federal de Miami inició este martes el juicio civil contra el teniente coronel retirado colombiano Luis Alfonso Plazas Vega, acusado por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, evento protagonizado por la guerrilla M-19 y la posterior operación militar para recuperar el edificio.
La audiencia inicial contó con la presentación de la acusación, a cargo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, que representan a las dos hijas del juez Urán Rojas, quienes interpusieron la demanda civil bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos. Este estatuto permite tramitar ante tribunales estadounidenses casos relacionados con tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo apariencia de legalidad en otros países.
La acusación contra Plazas Vega incluye cargos por ejecución extrajudicial y tortura, derivados del operativo militar durante la recuperación del Palacio de Justicia, que fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19). Según la demanda, el Ejército colombiano habría desplegado un plan encubierto para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas señaladas como especiales por presunta relación con la guerrilla. El juez Urán Rojas fue identificado como una de estas víctimas.
Como parte de la evidencia, la demanda cita bitácoras militares y policiales, así como comunicaciones internas, que habrían documentado el funcionamiento de un sistema ilegal destinado a segregar y violentar a quienes eran denominados “especiales”. Estos individuos eran sometidos a interrogatorios violentos y trasladados a instalaciones militares, entre ellas una liderada por Plazas Vega.
El inicio del juicio en Miami llega después de más de dos años desde que el tribunal aceptó la demanda contra el exteniente coronel.
Este proceso judicial pone de relieve el alcance extraterritorial de las leyes estadounidenses en materia de derechos humanos y justicia transicional, al permitir la tramitación de demandas civiles sobre hechos ocurridos en Colombia y que involucran a actores militares retirados que residen fuera del país.
La tensión en torno a la memoria histórica y la justicia por crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano sigue siendo un tema vigente en tribunales nacionales e internacionales.
Redacción ColombiaPrensa
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