COLOMBIA, 28 de julio de 2026. Iván Cancino, designado ministro de Justicia, prepara un paquete de 15 directrices orientadas a reformar el sistema penal y la política criminal en Colombia. Estas medidas buscan agilizar los procesos judiciales, modificar la estructura de los jueces, reducir la intervención del Ministerio Público y fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, entre otros aspectos.
Cancino, quien realiza la transición del sector justicia entre el gobierno actual y el entrante presidido por Abelardo de la Espriella, plantea eliminar la audiencia de formulación de imputación. Esta diligencia, en la cual la Fiscalía comunica formalmente los cargos a los investigados, se suprimiría para avanzar más rápidamente hacia la etapa de acusación penal.
Otra propuesta es establecer que un juez controle el proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria y que un juez o tribunal separado sea responsable del juicio oral y de la decisión sobre culpabilidad o inocencia. Además, se busca disminuir o retirar la participación del Ministerio Público en el proceso penal ordinario, reubicando sus funcionarios a áreas de prioritaria atención social.
El plan también incluye la creación de un órgano jurisdiccional independiente encargado de investigar y acusar a administradores de justicia. Se prevé implementar un programa nacional de capacitación para fiscales y policía judicial con el fin de evitar errores procesales que puedan resultar en libertades indebidas. Asimismo, cuando la Fiscalía solicite la absolución de un procesado, el juez estará facultado para decretarla de manera inmediata, buscando preservar los derechos de las víctimas.
En lo que respecta a la esfera patrimonial, se propone que las medidas no privativas de libertad en delitos que afecten el patrimonio solo sean concedidas si el procesado garantiza al menos el 50 % de la suma pretendida por la Fiscalía. Además, se promoverá una revisión del Código Penal para excluir conductas que no requieren persecución penal, contribuyendo así a aliviar la crisis carcelaria.
El fortalecimiento de los preacuerdos bajo criterios de proporcionalidad, que consideren colaboración, daño causado y reparación a las víctimas, es otro eje de la reforma. La ampliación de las Casas de Justicia y el impulso de la justicia restaurativa como mecanismos alternativos de resolución de conflictos en territorios específicos también forman parte de la hoja de ruta.
El Ministerio de Justicia sostiene, además, la intención de llevar a cabo una ofensiva contra el lavado de activos mediante una estrategia interinstitucional y de fortalecer institucional y financieramente la Defensoría del Pueblo. Se anuncian también cambios en las comisiones asesoras del Gobierno relacionadas con la política criminal.
En relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio adoptará una postura de veeduría y seguimiento crítico, manteniendo un diálogo permanente, constructivo y respetuoso con las altas cortes del país.
Estas directrices fueron conocidas por El Tiempo a través de fuentes oficiales del gobierno entrante y recogen una parte importante del plan del ministro designado Iván Cancino para transformar el sistema penal colombiano.
Fuente: El Tiempo
Redacción BusinessCol
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