COLOMBIA, 14 de septiembre de 2026. El senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, por presunta calumnia agravada. Esta acción se originó luego de que el funcionario relacionara a Cepeda con el llamado “voto fusil”, presunta estrategia electoral en regiones rurales donde obtuvo respaldo en las recientes elecciones presidenciales.
Cepeda rechazó las afirmaciones del ministro Mora, calificándolas como infundadas y estigmatizantes para las comunidades rurales que participaron en el proceso electoral. Además, advirtió que estas declaraciones podrían aumentar los riesgos para líderes sociales y comunidades que históricamente han enfrentado la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país.
Contexto de la controversia
La disputa política comenzó tras una entrevista publicada en la revista Semana el 5 de septiembre de 2026, donde el ministro Mora señaló que el “voto fusil” era una estrategia construida en el gobierno anterior y ejecutada en territorios con fuerte apoyo a Cepeda. El senador negó esta versión y la interpretó como parte de una campaña dirigida contra el expresidente Gustavo Petro y sus aliados políticos.
En una carta dirigida al medio, Cepeda defendió la participación electoral de las zonas rurales, subrayando que millones de colombianos acudieron a las urnas a pesar de las dificultades logísticas, las limitaciones de acceso y la presión de estructuras armadas ilegales. Según el senador, la participación en estos territorios alcanzó un 65 %, cifra basada en reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Argumentos en defensa de la legitimidad electoral
Cepeda explicó que el respaldo al Pacto Histórico en las zonas rurales obedece a múltiples factores: reconocimiento a las políticas implementadas durante la administración de Petro, avances en temas como la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos años. También destacó la identificación de diversas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con las propuestas presentadas durante la campaña presidencial.
El senador resaltó que las acusaciones indirectas a millones de votantes en veredas y municipios de distintas regiones terminan por estigmatizar a estas poblaciones. Como soporte a su posición, Cepeda se remitió a los informes de observación electoral elaborados por la MOE y la misión de la Unión Europea, los cuales concluyeron que no existen evidencias que indiquen una influencia decisiva de grupos armados sobre los resultados electorales.
Además, Cepeda puntualizó que la MOE registró apoyos significativos para Abelardo De La Espriella en territorios con presencia de organizaciones criminales, lo que, según él, contradice la teoría de un voto manipulado exclusivamente a favor del Pacto Histórico. Por su parte, el informe europeo final sobre las elecciones del 21 de junio de 2026 no detectó intervención de actores armados que afectara el resultado.
Frente a esto, Cepeda cuestionó la ausencia de pruebas presentadas por el ministro Mora y cuestionó cuál sería el objetivo de la estrategia propagandística que se desprende de sus declaraciones.
Denuncia ante la Fiscalía y críticas al ministro de Defensa
La denuncia presentada por Cepeda ante la Fiscalía argumenta que las declaraciones del ministro Mora podrían configurar calumnia e incluso incitación a la violencia. El senador también afirmó que el funcionario actúa como autor y cómplice de una campaña contra Petro y personajes asociados a su gobierno.
Cepeda afirmó que la narrativa del “voto fusil” favorece intereses de estructuras políticas tradicionales y grupos criminales que buscan mantener influencia en las zonas rurales. Además, cuestionó el aparente silencio del ministro en asuntos vinculados con el acceso a la tierra y el control territorial en diversas regiones del país.
Por ahora, el debate continúa en el ámbito político y la Fiscalía evaluará los argumentos expuestos por el congresista, así como el contenido de las declaraciones que dieron origen a la denuncia, en desarrollo de un escenario que podría tener repercusiones jurídicas y políticas en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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