COLOMBIA, 30 de julio de 2026. Juliana Guerrero, quien ha sido señalada como una persona influyente en el entorno del presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de controversias relacionadas con contratos públicos y su papel dentro del gobierno. Según diversas fuentes periodísticas, su cercanía con el mandatario se fortaleció tras la campaña presidencial de 2022, cuando, junto con su hermana Verónica, denunciaron amenazas de muerte en Valledupar.
De acuerdo con reportes del medio Blu Radio, estas denuncias motivaron una serie de contactos políticos que facilitaron su ingreso a cargos públicos: Verónica Guerrero obtuvo un contrato en Colombia Compra Eficiente y Juliana en el Ministerio del Interior, presuntamente con la autorización del presidente Petro. Ambas hermanas participaron activamente en las juventudes que apoyaron la campaña presidencial en el departamento del Cesar y mantenían vínculos con el exdirector de consulta previa René Hernández.
Entre los testimonios difundidos se señala que Juliana y Verónica Guerrero, luego de trasladarse a Bogotá, solicitaron ayuda tras sentirse amenazadas por su militancia petrista. Esta situación habría propiciado que una persona allegada a la Presidencia recordara al presidente Petro la labor de las hermanas durante la campaña, lo que condujo a la aprobación de sus ascendencias políticas y la asignación de contratos públicos.
Posteriormente, se reportó que Juliana Guerrero trabajó en el despacho del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Con el tiempo, y según informes radiales, las hermanas habrían denunciado presuntas irregularidades en Colombia Compra Eficiente, calificándolas como una “olla podrida” y solicitando una reunión directa con el presidente para exponer dichas denuncias.
La situación escaló cuando Juliana Guerrero ganó notoriedad en espacios de poder, incluso en el Congreso de la República, donde se le atribuyó una influencia mayor que la del propio ministro Benedetti. Legisladores como Jennifer Pedraza denunciaron que Guerrero carecía de estudios universitarios y habría falsificado documentos para simular formación académica. Según esta versión, Benedetti habría reconocido no tener relación directa con ella dada su creciente influencia.
Un informe publicado por la revista Semana recoge testimonios y evidencia documental que señalan que Juliana habría coordinado la obtención y asignación de contratos públicos a cambio de supuestos pagos por parte de empresarios. Entre 2024 y 2026, las hermanas Guerrero habrían establecido conexiones con empresarios regionales y gestionado contratos estatales de alto valor sin tener vinculación laboral directa con el Estado en algunos periodos.
De acuerdo con las fuentes, Juliana finalizó su contrato en el Ministerio del Interior y buscó un ascenso hacia el Viceministerio de Juventudes, mientras que Verónica mantuvo contratos en Colombia Compra Eficiente y el mismo ministerio. La polémica generó críticas internas, incluso de la hija del presidente, Andrea Petro, y derivó en la renuncia de Juliana a un cargo en la Universidad Popular del Cesar.
Este caso ha puesto en evidencia aspectos relacionados con el acceso y permanencia en la administración pública, así como el manejo de denuncias internas en entidades estatales. Las investigaciones y debates continúan en torno a los procesos de asignación de contratos y funciones dentro del sector público colombiano.
La información aquí presentada proviene de reportajes publicados por medios colombianos como Infobae, Blu Radio y Semana, los cuales han dado seguimiento a las denuncias y el desarrollo de la situación, sin que hasta el momento se hayan emitido pronunciamientos oficiales detallados por parte del Gobierno Nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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